Multa y paralización del expediente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha concluido el expediente sancionador incoado contra la adjudicataria actual del servicio municipal de mantenimiento de parques y jardines, la UTE formada por Acciona y Fomento, imponiendo una sanción de 30.000 euros. La decisión fue anunciada el jueves por el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, en la Comisión de Control a raíz de una pregunta de la portavoz del PSOE, Patricia Hernández.
El procedimiento sancionador se abrió en marzo después de que la UTE remitiera al Consistorio datos que, según la administración, no se ajustaban a la realidad y eran necesarios para elaborar los pliegos del nuevo contrato. Como consecuencia de la documentación remitida, el Ayuntamiento suspendió la convocatoria de la nueva licitación de uno de los contratos más importantes y costosos del municipio, valorado en 34 millones de euros para tres años.
Impacto económico y plazos
El titular de Servicios Públicos explicó que la información errónea provocó un desfase en el presupuesto de licitación de aproximadamente 800.000 euros, motivo por el que fue necesario encargar un informe económico y paralizar el procedimiento. La paralización ha demorado el proceso y la puesta en marcha del nuevo servicio.
- Sanción impuesta: 30.000 euros.
- Desfase en la licitación: 800.000 euros.
- Importe del contrato previsto: 34 millones de euros para tres años.
- Plazo previsto para convocar la licitación: entre octubre y noviembre.
- Objetivo de puesta en marcha del nuevo contrato: a lo largo del próximo año.
"información errónea"
El Ayuntamiento ya trabaja en la redacción de los nuevos pliegos y prevé que la convocatoria de la licitación se publique entre octubre y noviembre, con la intención de que la adjudicación y la entrada en vigor del contrato se produzcan durante el próximo año.
Consecuencias locales y cuestiones pendientes
La sanción y el retraso afectan directamente a la organización del servicio municipal de jardinería y a las empresas y trabajadores implicados en su ejecución. El Ayuntamiento ha destacado la gravedad de aportar datos inexactos, en especial los relativos a la antigüedad del personal, que motivaron el desfase económico detectado. No se han detallado, en el anuncio municipal, medidas adicionales sobre la prestación temporal del servicio mientras se tramita la nueva contratación ni decisiones relativas a los equipos humanos afectados.
Quedan por conocer los detalles del informe económico encargado, las posibles implicaciones laborales si se mantienen las discrepancias sobre antigüedad y cómo se garantizará la continuidad y calidad en el mantenimiento de zonas verdes de la ciudad hasta la firma del nuevo contrato. El proceso abre además un nuevo capítulo en la relación entre la administración local y las empresas adjudicatarias de servicios públicos, con especial atención de partidos y sindicatos a la transparencia y veracidad de la información aportada en procesos de contratación.
La sanción, aunque de importe moderado en relación con el valor total del contrato, supone un antecedente administrativo relevante que condiciona el calendario municipal y las expectativas sobre el servicio de parques y jardines en Santa Cruz de Tenerife.
