Presión sostenida en los juzgados de la provincia
La coalición Izquierda Unida ha presentado una iniciativa parlamentaria dirigida al Congreso de los Diputados en la que solicita al Gobierno una actuación estable y global para reforzar la Administración de Justicia en la provincia de Ávila. En su exposición figura el diagnóstico de una carga de trabajo que, según la formación, supera con creces los parámetros considerados adecuados por los órganos de gobierno judicial.
Los datos aportados por Izquierda Unida ponen de relieve esa presión: en 2024 se registraron más de 6.100 asuntos civiles y cerca de 5.000 procedimientos penales en los juzgados mixtos del Tribunal de Instancia de Ávila. Para la organización, estas cifras evidencian «un desajuste entre los medios disponibles y las necesidades reales del servicio» y motivan la petición de medidas estructurales.
Demandas concretas y brecha de recursos
Entre las soluciones planteadas IU propone la ampliación efectiva de la plantilla judicial. La formación considera insuficiente la creación de una única plaza prevista y reclama, en concreto, la incorporación de una séptima plaza en la Sección de Primera Instancia e Instrucción y una segunda plaza en la Sección Penal para toda la provincia.
Además de las magistraturas, la iniciativa subraya déficits en equipos de apoyo. Los equipos psicosociales, responsables de informes vinculados a violencia de género y asuntos familiares, sufren una carga creciente que, según la formación, está provocando retrasos en peritajes y valoraciones de especial sensibilidad.
- Reclamación de más plazas judiciales: séptima en Primera Instancia e Instrucción y segunda en Penal.
- Refuerzo de los equipos psicosociales ante el aumento de expedientes de violencia de género y familia.
- Mejoras en las dependencias y recursos del partido judicial de Arévalo.
«Ausencia de un espacio específico para atender a víctimas y menores»
La iniciativa pone también el foco en el partido judicial de Arévalo, donde denuncia la falta de instalaciones adecuadas: la ausencia de un espacio específico obliga, según IU, a que víctimas y menores permanezcan en dependencias sin la privacidad necesaria durante su trámite judicial, un problema que afecta a la dignidad y protección de personas especialmente vulnerables.
En el plano tecnológico, Izquierda Unida advierte que el soporte informático es insuficiente; la asistencia técnica recae, afirman, en un único profesional, circunstancia que limita la capacidad de respuesta y la modernización de los procesos judiciales.
Si el Gobierno atiende la solicitud, las medidas repercutirían en la capacidad de respuesta de los tribunales, en la agilidad de procedimientos sensibles y en la atención a víctimas. En caso contrario, IU advierte del riesgo de que la acumulación de asuntos siga comprometiendo plazos y la calidad del servicio público en la provincia.
| Concepto | Situación (2024) |
|---|---|
| Asuntos civiles | Más de 6.100 |
| Procedimientos penales | Cerca de 5.000 |
