Un edificio en el centro de Fuenlabrada en manos de la Sareb deja a diez hogares sin contrato
Al menos diez familias que habitan los portales 15, 17 y 19 de la calle Pinto, en el centro de Fuenlabrada, se encuentran desde 2020 en un «limbo legal» que les impide formalizar contratos de alquiler y, por tanto, abonar una renta con seguridad jurídica. El origen del conflicto se remonta a la venta del edificio a la Sareb tras la quiebra del anterior propietario; desde entonces, la interlocución entre los vecinos y la sociedad gestora ha sido prácticamente nula.
Según los afectados, durante dos años continuaron pagando rentas al anterior propietario sin saber que el inmueble ya no pertenecía a éste. Tras descubrir la situación, iniciaron un proceso de envío de documentación (certificados de vulnerabilidad, identificaciones y otras pruebas) y reclamaciones que, dicen, no han recibido respuesta clara. La situación se tensó aún más en enero de 2026 con la solicitud de lanzamiento judicial y hay, además, un desahucio individual ya fijado para octubre de 2026.
«Estamos luchando por pagar el alquiler, es como el mundo al revés», relata una de las vecinas; otra resume la sensación colectiva: «Nos sentimos okupas en nuestras casas».
El edificio combina hogares con menores, pensionistas y una persona con discapacidad, según relatan los vecinos y las organizaciones que les acompañan. Los únicos contratos que llegaron a firmarse, según la documentación disponible, son siete; dos de ellos se anularon posteriormente por discrepancias en las condiciones. Mientras tanto, pisos vacíos han sido ocupados por otras personas que, al demostrar vulnerabilidad, sí obtuvieron contratos, lo que para los residentes habituales supone una paradoja y un agravio comparativo.
- Situación desde 2020: entrada de la Sareb en la propiedad.
- Enero 2026: solicitud de lanzamiento judicial; primer desahucio individual programado para octubre de 2026.
- Estado actual: sin contrato, documentación entregada repetidamente y ausencia de plazos claros por parte de la Sareb.
La falta de respuesta mantiene la convivencia deteriorada: los vecinos denuncian la llegada de ocupaciones y un incremento de los conflictos en el inmueble. Las organizaciones que asesoran a los inquilinos, como el Sindicato de Inquilinas, han registrado múltiples envíos de papeles y comunicaciones, pero la Sareb afirma que está «estudiando los casos» sin ofrecer calendarios ni soluciones inmediatas.
| Portal | Familias afectadas | Observaciones |
|---|---|---|
| 15 | Varias (incluye pensionistas) | Documentación entregada repetidamente |
| 17 | Varias (con menores) | Contrato no formalizado |
| 19 | Varias (incluye persona con discapacidad) | Riesgo de desalojo en octubre de 2026 |
Para los vecinos de Fuenlabrada implicados, el asunto no es sólo administrativo: supone inseguridad habitacional y emocional. La proximidad del lanzamiento ha encendido las alarmas en asociaciones locales y en servicios sociales, que examinan alternativas y estudian la situación de vulnerabilidad de algunas unidades familiares. Sin embargo, hasta la fecha no consta una vía de solución definitiva ni una fecha de interlocución efectiva con la entidad propietaria.
El caso de la calle Pinto pone de relieve tensiones más amplias en la gestión de vivienda en el sur de Madrid: la transmisión de inmuebles, la protección de arrendatarios en situación de fragilidad y la capacidad de las administraciones para mediar en procesos que combinan aspectos judiciales, sociales y de mercado inmobiliario. Para los afectados, la demanda es clara: contratos y seguridad jurídica cuanto antes para poder pagar con normalidad y vivir sin la amenaza constante de un desalojo.
