Declaraciones en la Audiencia Nacional sobre la operación de 2001
Una antigua secretaria general técnica de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha negado haber recibido instrucciones irregulares del entonces consejero Pedro Calvo Poch durante la tramitación de la operación por la que el Canal de Isabel II adquirió una participación mayoritaria en INASSA. La comparecencia se ha producido en el marco del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, donde están sentados 19 acusados vinculados a la denominada trama Lezo.
En la sesión han testificado también la secretaria general técnica de la Consejería de Hacienda y otros funcionarios que participaron en la tramitación administrativa de la operación aprobada por el Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2001. Según la Fiscalía, el Canal de Isabel II compró el 75% de INASSA por 73 millones de dólares y la operación habría incluido un
"sobreprecio indebido"
de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros, importe que, según la acusación, cargó fondos públicos sin justificación y en beneficio de los vendedores.
En el banquillo figuran, además de Calvo Poch, otros exconsejeros madrileños como Juan Bravo Rivera, que en el periodo investigado formaron parte del Consejo de Administración del Canal junto con nueve consejeros más y varios responsables de la propia empresa pública y entidades vinculadas, entre ellas AGBAR.
Qué se ha declarado y qué se dirime
- Las secretarias técnicas consultadas han relatado que el Consejo de Gobierno aprobó la propuesta del Consejo de Administración del Canal para constituir la sociedad Canal Extensia, instrumento para la adquisición.
- Los testimonios han negado instrucciones irregulares por parte de los consejeros que aparecen procesados en el procedimiento.
- La Fiscalía sostiene que la compra se ejecutó mediante una sociedad panameña y que hubo un pago superior al valor razonable, con perjuicio para los fondos públicos.
El caso combina la investigación sobre decisiones de gobierno regional en materia de gestión del agua y la fiscalización de operaciones societarias complejas que implican economías internacionales y vehículos mercantiles radicados en el extranjero. Para los vecinos de la Comunidad de Madrid, el juicio supone una revisión de cómo se gestionó una empresa pública estratégica y de la transparencia en las operaciones con repercusión económica relevante.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Acusados | 19 |
| Porcentaje adquirido | 75% de INASSA |
| Fecha de aprobación | 29-11-2001 |
| Importe de la compra | 73 millones de dólares |
| Sobreprecio alegado | 19.066.500–29.013.109 € |
El desarrollo del proceso procesal en la Audiencia Nacional será determinante para fijar responsabilidades penales y, en su caso, civiles. Mientras tanto, la sesión ha servido para precisar el papel que tuvieron altos cargos de la Comunidad en la aprobación política y administrativa de una operación cuyo coste económico y repercusión institucional todavía generan controversia.
Los ciudadanos de la región podrán seguir la evolución del juicio, que se prolongará con nuevas declaraciones y prueba documental, y que arrojará luz sobre las decisiones adoptadas por gestores públicos en una etapa decisiva para la política de aguas madrileña.
