La jefa de la Policía Local interpone otra demanda contra el Ayuntamiento de Ourense
La jefa de la Policía Local de Ourense ha vuelto a presentar una demanda contra el Concello que preside Gonzalo Pérez Jácome, esta vez por una presunta omisión administrativa que, según la denuncia, supondría una vulneración de derechos fundamentales.
La acción judicial se ha registrado ante la Plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense. El asunto fue tratado en la junta local celebrada este jueves, según el comunicado difundido por agencias que cubren la provincia.
- Contexto jurídico: en febrero de 2026 el Tribunal Supremo confirmó una sentencia anterior que condenaba al Ayuntamiento de Ourense y al entonces concejal de Seguridad, Telmo Ucha, por acoso laboral contra la misma funcionaria.
- Nueva vía: la demanda actual se plantea por la vía de la omisión administrativa y alega vulneración de derechos fundamentales, lo que sitúa el conflicto en el terreno del Derecho público y de la responsabilidad de la Administración local.
- Impacto local: la disputa judicial se produce en un momento de atención pública sobre la gestión municipal y puede condicionar relaciones internas en la plantilla policial y la percepción ciudadana sobre la gestión de seguridad.
El recurso se suma al historial procesal que ya obligó al Consistorio a responder en sede judicial por actuaciones pasadas. La confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena por acoso en febrero de 2026 constituye el antecedente jurídico más relevante y sitúa la nueva demanda en un contexto de continuidad procesal sobre la protección de los derechos laborales y funcionales del personal municipal.
| Fecha | Hecho relevante |
|---|---|
| Febrero 2026 | El Tribunal Supremo confirma una sentencia que condena al Ayuntamiento y a Telmo Ucha por acoso laboral |
| 27 agosto 2026 | Presentación de nueva demanda por omisión administrativa ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo |
Para los vecinos de Ourense, la continuidad de este procedimiento implica preguntas sobre la gobernanza municipal y sobre cómo se garantizan los derechos del personal público encargado de la seguridad local. La evolución del caso será seguida con atención por las organizaciones sindicales, los grupos municipales y la ciudadanía, dado que puede abrir nuevas obligaciones de reparación y de control sobre la gestión municipal.
El Ayuntamiento, la alcaldía o los representantes municipales relacionados con la causa no han difundido en la información consultada una declaración pública específica sobre la nueva demanda. Quedan por concretar los próximos pasos procesales: admisión a trámite, medidas cautelares o la fijación de fecha para la vista en la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado de Ourense.
