Una conversación que ha vuelto a la primera línea del debate público cuestiona si la respuesta adecuada al uso de redes sociales por menores pasa por vetarlas de raíz o por otra vía. Desde distintos ámbitos académicos y mediáticos se reclama no caer en soluciones tajantes y subrayan la importancia de distinguir entre niños y adolescentes.
Un problema complejo, sin atajos
El sociólogo Iago Moreno ha advertido en La Ventana de la Cadena SER contra lo que describe como una tentación de aplicar medidas prohibitorias: imponer una suerte de "ley seca digital" que impida a los jóvenes acceder a las plataformas no resolvería el fondo del asunto. Moreno reclama poner el foco en lo relevante: ¿qué se regula y quién debe asumir la responsabilidad?
"La idea de imponer una 'ley seca digital' que prohíba el acceso a las redes a los jóvenes es caer en una suerte de 'cibercatrastifuismo'", ha explicado Iago Moreno.
El filósofo y sociólogo César Rendueles, autor de 'Redes Vacías: Tecnología catastrófica y el fin de la democracia', describe la evolución del imaginario público: de un ciberutopismo que prometía soluciones universales se ha pasado a una visión opuesta y sombría. Para Rendueles, parte del malentendido surge de aplicar respuestas uniformes a realidades distintas, por lo que es esencial separar los perfiles etarios.
Distinciones necesarias y responsabilidades
Ambos expertos insisten en que no es lo mismo un menor de 9 o 10 años que uno de 14 o 15. Según Rendueles, un niño de la primera franja no debería acercarse a redes sociales, mientras que muchos adolescentes tienen capacidad crítica comparable a la de algunos adultos. La discusión, por tanto, no solo es sobre acceso, sino sobre qué herramientas, educación y marcos regulatorios son necesarios.
- Regular con precisión: precisar qué se regula (plataformas, contenidos, algoritmos).
- Educar en pensamiento crítico: dotar a menores, especialmente adolescentes, de competencias para navegar en entornos digitales.
- Evitar prohibiciones generalizadas: las medidas absolutas pueden resultar contraproducentes y desviar la atención de responsabilidades reales.
En la discusión también aparece la comparación con otras adicciones: Moreno recuerda que problemas de comportamiento ligados al ocio digital no afectan exclusivamente a jóvenes sino a otros grupos de edad, lo que complica la narrativa simplista de la amenaza única de las redes.
Implicaciones para la política pública
El debate señala decisiones de alcance público: si la solución no es la prohibición, entonces debe priorizarse la elaboración de políticas que combinen regulación, protección de menores y programas formativos en centros escolares y familias. La cuestión de fondo estriba en quién asume la responsabilidad —plataformas, Estados, familias o una combinación de todos— y en la necesidad de diseñar medidas que atiendan la diversidad de edades y capacidades críticas.
| Tramo de edad | Enfoque recomendado |
|---|---|
| 9–10 años | Evitar exposición a redes; supervisión y control parental |
| 14–15 años | Formación en pensamiento crítico; diálogo y normas claras sobre uso |
El correcto diagnóstico y la respuesta pública que se adopte en los próximos años tendrán consecuencias directas en la convivencia digital de millones de familias en España. Lejos de soluciones simplistas, los expertos piden políticas calibradas que protejan sin excluir, y que formen sin delegar la responsabilidad exclusivamente en los usuarios.
