Sentencia judicial contra el Consistorio de Gandia por opacidad
El Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado una resolución que condena al Ayuntamiento de Gandia por la negativa a facilitar documentación solicitada por la oposición, una decisión que plantea dudas sobre la transparencia de la gestión municipal. La resolución, a la que ha tenido acceso la prensa, estima que la conducta del Consistorio ha supuesto una vulneración del derecho fundamental de acceso recogido en la Constitución.
El litigio se originó tras las reiteradas peticiones del Grupo Municipal Popular para consultar el Libro de Decretos, registro oficial en el que quedan asentados los decretos firmados por el alcalde y el Gobierno municipal. Según el portavoz popular, las solicitudes recibieron sistemáticamente una respuesta negativa por parte del Ejecutivo local, liderado por José Manuel Prieto.
- Órgano judicial: Tribunal de Instancia de Valencia.
- Objeto: acceso al Libro de Decretos municipal.
- Consecuencia inmediata: condena al Ayuntamiento y obligación de pago de costas procesales.
En la sentencia la magistrada declara de forma categórica que la negativa del Ayuntamiento constituye "una violación del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española".
"una violación del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española"
El Gobierno municipal en funciones alegó para justificar su negativa motivos relacionados con la protección de datos y problemas técnicos en la plataforma de gestión documental denominado Gestiona. El Tribunal rechazó esos argumentos, considerándolos insuficientes para denegar el acceso al registro solicitado por la oposición.
El caso tiene implicaciones prácticas para la fiscalización del Ayuntamiento: el Libro de Decretos es una de las herramientas principales que utilizan los concejales de la oposición para verificar las decisiones ejecutivas, controlar delegaciones de firma y detectar posibles irregularidades en la gestión. La imposibilidad de consultarlo limita la labor de control y reduce la capacidad de transparencia ante los vecinos.
El portavoz del Grupo Popular en Gandia, Víctor Soler, calificó los hechos como "muy graves" y fue la parte recurrente en el proceso que ha culminado con la condena. La resolución también impone al Consistorio el pago de las costas procesales derivadas del procedimiento.
Para los residentes de Gandia, la sentencia plantea preguntas concretas sobre cómo se garantizará el acceso a la documentación municipal a partir de ahora, qué medidas adoptará el equipo de gobierno para subsanar la vulneración detectada y cómo se restablecerá la confianza institucional en los mecanismos de control del Ayuntamiento.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Registro solicitado | Libro de Decretos |
| Parte recurrente | Grupo Municipal Popular (portavoz Víctor Soler) |
| Respuesta del Ayuntamiento | Negativa alegando protección de datos y fallos técnicos en Gestiona |
| Decisión judicial | Condena por vulneración del artículo 23 y pago de costas |
El fallo abre asimismo un debate político local sobre la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a los actos de gobierno. La resolución judicial impone una obligación material al Ayuntamiento de Gandia: facilitar el acceso a los documentos públicos y respetar el derecho de participación y control que asiste a los representantes electos y, por extensión, a la ciudadanía.
