Refuerzo judicial con calendario cerrado y dudas sobre su implantación
La provincia de Girona recibirá un aumento de capacidad judicial con la creación de 9 nuevas unidades entre finales de 2026 y noviembre de 2027, dentro del paquete de 91 plazas aprobado para toda Cataluña por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La planificación concreta asigna la mayoría de las incorporaciones a la capital, pero la ejecución plantea retos logísticos y de personal que condicionan el impacto real sobre la carga de trabajo de los tribunales gerundenses.
El reparto establece que la ciudad de Girona afrontará el mayor refuerzo: de las nueve unidades, seis irán a la demarcación capitalina, mientras que Figueres, Olot y Santa Coloma de Farners recibirán una unidad cada una. El despliegue se escalona en tres fases con fechas concretas para su entrada en funcionamiento.
| Fecha | Unidades | Localización |
|---|---|---|
| 31 de diciembre de 2026 | 2 | Audiencia Provincial de Girona |
| 1 de junio de 2027 | 4 | Girona (2 civiles, 1 penal, 1 social) |
| 1 de noviembre de 2027 | 3 | Figueres, Olot, Santa Coloma de Farners (1 cada una) |
Fuentes de la Generalitat implicadas en la propuesta defienden que la ampliación está pensada para aliviar la presión de los órganos judiciales; sin embargo, la administración autonómica asume que la simple dotación de plazas no será suficiente si no se acompaña de infraestructuras adecuadas y de la cobertura de personal funcionario imprescindible para su funcionamiento.
"La ampliación debe permitir una respuesta más ágil a la ciudadanía en las comarcas de Girona."
La intensificación de la actividad en la Audiencia Provincial de Girona en los últimos meses —con causas de alto impacto penal— ha dejado patente la necesidad de recursos adicionales. No obstante, los tribunales gerundenses afrontan un doble desafío: gestionar el volumen existente y coordinar la incorporación de los nuevos órganos dentro de edificaciones y sedes que, en varios casos, no están previstas ni adaptadas para albergar más juzgados.
Implicaciones prácticas para los vecinos y los profesionales
Para los ciudadanos, la previsión de nuevas unidades se traduce, en principio, en plazos procesales más cortos y mayor accesibilidad a la administración de justicia. Para los operadores jurídicos (magistrados, fiscales, secretarios judiciales, letrados y funcionarios) las consecuencias inmediatas serán:
- Redistribución de expedientes entre órganos nuevos y existentes.
- Necesidad de espacios físicos habilitados y con servicios adecuados.
- Requerimiento de dotación de personal administrativo y tramitación para la puesta en marcha.
El calendario aprobado incorpora la propuesta elevada por la Generalitat, pero la efectiva descongestión dependerá de la coordinación entre administraciones para facilitar sedes, equipamiento y la incorporación de funcionarios. Sin garantías claras sobre estos aspectos, la extensión de plazas podría quedar limitada a una mejora parcial del rendimiento procesal.
En la práctica, los vecinos de Girona y de los partidos judiciales implicados deberán seguir de cerca los pasos administrativos que permitan la conversión de la planificación en servicio: asignación de locales judiciales, concursos o traslados de personal y dotación presupuestaria para el funcionamiento operativo. La entrada en vigor de las primeras unidades a final de 2026 será el primer test para comprobar si las previsiones se traducen en una reducción tangible de la carga pendiente.
La evolución de este despliegue y la respuesta de las administraciones determinarán si la medida cumple el objetivo anunciado de agilizar la respuesta judicial en la provincia o si, por el contrario, atraviesa un período de transición marcado por la falta de infraestructura y plantilla.