La investigación contra la Diputación pone bajo sospecha millones destinados a obras y suministros
Los documentos judiciales y los informes policiales relacionados con el conocido como Caso Mascarillas sitúan entre 4 y 5 millones de euros el volumen de fondos públicos que podrían haber sido desviados en la Diputación Provincial de Almería entre 2016 y 2024. Entre las irregularidades que recogen los autos figura un sobrecoste de 945.000 euros en la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas por un valor de dos millones.
La investigación recoge además pagos y adjudicaciones cuestionadas en distintas partidas y contratos menores tramitados bajo denominaciones como Pulconal u OYC, según el análisis de las actuaciones judiciales y la cobertura informativa posterior. La trama, tal y como la describen los investigadores, incluiría comisiones y sobreprecios que habrían impedido que esos recursos llegaran a su destino previsto: obras, servicios y suministros para los municipios de la provincia.
- Periodo investigado: 2016-2024.
- Sobrecoste identificado en un contrato: 945.000 euros.
- Volumen total presuntamente comprometido: entre 4 y 5 millones de euros.
La dimensión económica del caso adquiere una lectura pública inmediata si se compara con las partidas destinadas a la prevención de incendios. La Junta de Andalucía destina aproximadamente 2,85 millones de euros al año para labores de defensa del monte en la provincia —cortafuegos, fajas auxiliares y desbroces en cientos de hectáreas—, una cifra que es casi la mitad de lo que los investigadores estiman como presuntamente sustraído o mal gestionado en la Diputación.
Ese contraste subraya la trascendencia local del escándalo: recursos que deberían servir para proteger el territorio y mantener infraestructuras rurales habrían sido desvinculados de su objeto. La Diputación, con competencias en la prevención y extinción de incendios, la conservación de pistas forestales y la coordinación con los servicios autonómicos y municipales, es la institución que, por ley, debe garantizar la gestión de estas partidas.
Para los ciudadanos de la provincia, las consecuencias prácticas son claras: menos dinero disponible para mantener cortafuegos, menos inversión en pistas y parques y una potencial merma en la eficacia de la respuesta a emergencias rurales. Además, la pérdida de confianza en las instituciones complica la gobernabilidad local y la distribución de recursos entre ayuntamientos más pequeños que dependen de transferencias provinciales.
En este momento, las diligencias judiciales y la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constituyen el marco procedimental que deberá aclarar responsabilidades y cuantificar con precisión el destino final de los fondos. Hasta que la investigación concluya y la justicia decida, permanecen abiertas preguntas sobre controles administrativos y mecanismos de contratación en la institución provincial.
Para la ciudadanía y los ayuntamientos afectados, resulta especialmente relevante conocer:
- Qué partidas y contratos concretos están siendo examinados por la causa.
- Si existen medidas cautelares sobre bienes o cuentas vinculadas a los investigados.
- Qué cambios administrativos o de control propone la Diputación para evitar recurrencias.
La investigación abierta obliga a reforzar la transparencia en la gestión económica y administrativa de la Diputación. Mientras tanto, vecinos, alcaldes y asociaciones rurales seguirán pendientes de que la instrucción judicial arroje luz sobre el alcance real de los desvíos y que, en su caso, se recuperen y destinen los recursos a la protección del monte y a los servicios públicos que dependen de ellos.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Sobrecoste en contrato de mascarillas | 945.000 € |
| Volumen total presuntamente comprometido | 4-5 millones € |
| Gasto anual aproximado de la Junta en prevención de incendios (Almería) | 2,85 millones € |
