La asociación Jucil advierte del impacto en la seguridad local
La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha solicitado al Ministerio del Interior que paralice la decisión de cerrar el puesto principal de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería) y que, en su lugar, se establezca un modelo de competencias compartidas con la Policía Nacional, cuya implantación está prevista para finales de año.
Según la organización, retirar la presencia de la Guardia Civil de un municipio con un importante crecimiento demográfico y con riesgos de criminalidad constituiría un «grave error operativo». Jucil reclama aprovechar la experiencia territorial del instituto armado junto a la capacidad operativa de la Policía Nacional para mantener la eficacia de los dispositivos de seguridad.
«Eliminar la presencia de la Guardia Civil en un municipio con elevados índices de criminalidad sería un grave error operativo», señala Jucil.
La polémica surge después de que la propia Guardia Civil anunciara una reorganización que supondría la reubicación de más de 180 agentes destinados actualmente en Roquetas a otras unidades de la provincia. La asociación califica este proceso como un supuesto «desmantelamiento» del puesto y critica la incertidumbre laboral vivida por la plantilla durante meses.
Para los vecinos y los responsables locales, la cuestión tiene consecuencias prácticas. La pérdida de un punto operativo consolidado puede alterar los tiempos de respuesta, las patrullas de proximidad y el seguimiento de diligencias. Jucil recuerda además que en Andalucía ya hay municipios donde ambos cuerpos comparten competencias y propone implantar ese modelo en Roquetas para no prescindir del conocimiento del territorio acumulado por la Guardia Civil.
- Reubicación prevista: más de 180 agentes en la provincia.
- Modelo propuesto: competencias compartidas entre Guardia Civil y Policía Nacional.
- Contexto regional: situación similar en 25 municipios andaluces, según la asociación.
El debate entre mantener plantilla territorial o sustituir por completo a un cuerpo por otro no solo afecta a la operativa policial, sino también a la percepción de seguridad entre la ciudadanía. Las administraciones locales y autonómicas suelen reclamar información y coordinación cuando se producen cambios de este tipo; en este caso, Jucil ha puesto sobre la mesa la necesidad de diálogo con el Ministerio del Interior para evitar impactos negativos en la seguridad ciudadana.
Desde el punto de vista operativo, el mantenimiento de un puesto principal facilita la tramitación de diligencias, detenciones y actuaciones rutinarias que, de transferirse a otra estructura, podrían sufrir dilaciones. La asociación subraya que sustituir a la Guardia Civil sin un plan de transición compartido podría disminuir la eficacia de los dispositivos y mermar la capacidad de respuesta ante delitos.
Para la población de Roquetas de Mar y los municipios próximos, la cuestión es relevante en el día a día: la redistribución de agentes y la reorganización de competencias influirán en la presencia policial en las calles, en las investigaciones locales y en la coordinación entre cuerpos. La propuesta de Jucil, que apuesta por un modelo mixto ya presente en otras localidades andaluzas, plantea un camino intermedio que permite conservar el conocimiento del territorio y sumar recursos.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Agentes a reubicar | Más de 180 |
| Municipios andaluces con modelo compartido | 25 |
La decisión final corresponde al Ministerio del Interior y a la planificación de la implantación de la Policía Nacional en el municipio. Hasta que se concrete un acuerdo operativo que garantice la continuidad del servicio, Jucil seguirá reclamando medidas que, según considera, eviten un descenso en la seguridad y preserven la eficacia de los dispositivos en Roquetas de Mar y en la provincia de Almería.
