Sentencia por la contratación en la Diputación de Badajoz
La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una resolución en la que declara a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, autor de un delito de prevaricación administrativa y le impone una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En el mismo fallo, el tribunal considera a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación provincial y exlíder del PSOE en Extremadura, responsable de dos delitos de prevaricación administrativa y le impone dos penas de nueve años de inhabilitación, una por cada delito.
El procedimiento investigó la creación y adjudicación, en 2017, de una plaza relacionada con la coordinación de las actividades de los conservatorios provinciales, plaza que posteriormente pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según la sentencia, la plaza fue ocupada por David Sánchez tras el proceso de selección y su toma de posesión se produjo en julio de 2017.
La resolución judicial analiza si la configuración de la convocatoria y las decisiones administrativas adoptadas en la Diputación cumplieron con las exigencias legales que rigen la actuación de las administraciones públicas. El tribunal considera que existen elementos suficientes para apreciar la comisión de prevaricación administrativa, delito que castiga a la autoridad o funcionario que establece una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
Consecuencias y estado procesal
Las condenas impuestas por la Audiencia Provincial no incluyen penas de prisión. La sentencia todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Hasta que no existan resoluciones definitivas por instancias superiores, las inhabilitaciones notificadas continúan en fase de recurso.
- Hecho jurídico: condena por prevaricación administrativa.
- Personas afectadas: David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.
- Penas: inhabilitación especial de nueve años; Gallardo, dos penas de nueve años (una por cada delito).
Para los vecinos y las administraciones locales de la provincia de Badajoz, el fallo tiene implicaciones prácticas en cuanto a la transparencia en la gestión de plazas públicas y en la percepción ciudadana sobre el control de los procesos de contratación en instituciones provinciales. La decisión judicial pone el foco en cómo se articulan las convocatorias y las modificaciones de puestos en la Diputación y en la necesidad de que los procedimientos públicos se atengan escrupulosamente a la normativa para evitar remedios penales.
Datos clave de la sentencia
| Persona | Delito | Pena impuesta |
|---|---|---|
| David Sánchez | Prevaricación administrativa | 9 años de inhabilitación especial |
| Miguel Ángel Gallardo | Dos delitos de prevaricación administrativa | Dos penas de 9 años de inhabilitación (una por delito) |
La causa se centró en la creación, denominación y adjudicación de la plaza vinculada a los conservatorios y su transformación posterior. La Fiscalía fue parte en la investigación, que ha culminado en la condena por la Audiencia, según la información judicial a la que ha tenido acceso la prensa.
El procedimiento y la sentencia suscitan ahora la atención de los partidos políticos, de los responsables institucionales y de la ciudadanía de la provincia por las repercusiones en el funcionamiento de la Diputación y en la confianza en las administraciones públicas. Las partes disponen de los recursos legales previstos para impugnar la resolución ante el tribunal autonómico correspondiente.
En tanto la sentencia no sea firme, la corporación provincial y los servicios jurídicos implicados deberán valorar el alcance administrativo de la resolución y las medidas que correspondan según la normativa vigente.
