La Rioja recurre a la vía judicial para cuestionar la delimitación con San Juan
El Gobierno de La Rioja ha decidido dar un paso firme en el conflicto de límites con la provincia de San Juan y prepara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar la nulidad del decreto-ley 18.004, norma dictada en la época del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía que, según la administración riojana, modificó ilegítimamente su perímetro territorial.
El anuncio lo realizó el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, quien indicó que el equipo técnico ya trabaja en la presentación judicial que acompañará la reciente decisión del Legislativo provincial. La Cámara baja aprobó días atrás la Ley Provincial Nº 10.876, con la que La Rioja ratificó una norma de 1974 y manifestó formalmente su rechazo a la vigencia del decreto que fija hoy los límites con San Juan.
La provincia buscará que la Corte Suprema declare la “nulidad absoluta e insanable” del decreto-ley 18.004
En la argumentación oficial se sostiene que la norma dictada en la dictadura le "quitó parte de su territorio" y que ese acto carece de legitimidad por haber sido impuesto por un régimen de facto, por lo que La Rioja busca que la máxima instancia judicial nacional deje sin efecto aquella delimitación.
El reclamo no llega en vacío: se produce en un contexto de tensiones reiteradas entre ambas provincias, en particular por el proyecto minero Josemaría, ubicado en el departamento de Iglesia, que forma parte del denominado Distrito Vicuña junto con el yacimiento Filo del Sol. Desde el Ejecutivo riojano han manifestado en varias ocasiones que el área de impacto del emprendimiento podría afectar territorio que consideran propio.
Los pasos anunciados tendrán implicaciones prácticas y políticas para la provincia. La demanda ante la Corte puede abrir un proceso largo y complejo, que incluirá la presentación de pruebas históricas y cartográficas, peritajes técnicos y debates jurídicos sobre la validez de actos dictados en dictadura. Además, la disputa se solapa con intereses económicos significativos vinculados a la minería y la inversión en recursos cupríferos.
- Acto impugnado: Decreto-ley 18.004 (época de Onganía).
- Iniciativa legislativa: Ley Provincial Nº 10.876, que rechaza la vigencia del decreto y ratifica una norma de 1974.
- Vínculo con minería: controversia por el proyecto Josemaría y su área de impacto en el Distrito Vicuña.
Para situar la reclamación, es útil recordar las referencias normativas y territoriales implicadas:
| Año/Acto | Descripción |
|---|---|
| 1974 | Norma provincial que La Rioja ratifica con la nueva ley aprobada. |
| 1960s (gobierno de Onganía) | Decreto-ley 18.004 que fijó límites entre provincias y que ahora La Rioja busca anular. |
| 2026 | Aprobación de la Ley Provincial Nº 10.876 y anuncio del recurso ante la Corte Suprema. |
La presentación ante la Corte transformará una controversia administrativa y política en un litigio federal. Para los vecinos y actores locales, las preguntas prácticas son concretas: cómo afectará la titularidad de tierras, la explotación de recursos naturales, y las competencias administrativas en zonas en disputa. Además, la interposición de la demanda podría tensar las relaciones institucionales entre ambos gobiernos provinciales, en un momento en que la minería de gran escala es un factor de proyección económica en la región.
El desarrollo del caso estará marcado por etapas previsibles: elaboración y presentación de la demanda por parte del equipo jurídico de La Rioja; remisión del expediente y eventual contestación por parte de San Juan; y, si la Corte la admite, la producción de prueba técnica e histórica que avale la pretensión de nulidad. El proceso puede prolongarse años, pero la decisión de ir a la Corte indica que La Rioja opta por resolver la controversia en sede judicial, buscando una resolución definitiva sobre la validez del acto administrativo que hoy regula la frontera interprovincial.
Mientras tanto, la atención permanecerá puesta en la posible afectación del proyecto Josemaría y en la respuesta que San Juan pueda formular a la ofensiva judicial. Para los ciudadanos, la importancia del conflicto trasciende lo jurídico: está en juego la certeza sobre el territorio y los derechos asociados al mismo.
