Tribunal confirma la condena por prevaricación y el PP pide la salida inmediata
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha ha ratificado de forma íntegra la condena contra Concepción Monzón, alcaldesa de Villarrubia de Santiago y diputada provincial, por un delito de prevaricación administrativa. La Sala de lo Civil y Penal desestimó el recurso presentado por la regidora y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, que imponía una pena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.
La resolución considera acreditado que la alcaldesa adoptó una decisión administrativa "a sabiendas de su injusticia" al retirar la licencia a un vendedor ambulante sin abrir expediente sancionador, sin trámite de audiencia y sin cobertura en la ordenanza municipal, según recoge la sentencia confirmada por el alto tribunal regional. Además, la condena obliga a Monzón a indemnizar al perjudicado con 3.487,60 euros y al pago de las costas procesales.
“El Tribunal es contundente al señalar que la actuación Monzón no fue un simple error administrativo ni una interpretación jurídica discutible, sino una decisión administrativa arbitraria, adoptada tras un enfrentamiento personal y completamente al margen de la legalidad”.
Tras conocerse la confirmación judicial, el Coordinador general del Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco, reclamó al PSOE que "actúe con responsabilidad y coherencia" y exija la dimisión inmediata de la alcaldesa. Velasco recordó que la legislación electoral contempla incompatibilidades y prohibiciones para personas condenadas por sentencias que incluyen penas de inhabilitación y sostuvo que Monzón "no puede seguir en el cargo ni legalmente ni moralmente".
La sentencia critica además que la regidora conocía el procedimiento aplicable, ya que llevaba años al frente del Ayuntamiento y había participado en la aprobación de la normativa municipal que regula la venta ambulante.
- Órgano judicial: Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha (Sala de lo Civil y Penal).
- Delito: prevaricación administrativa.
- Pena confirmada: nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
- Indemnización: 3.487,60 euros más costas procesales.
La decisión del tribunal tiene efectos directos sobre la situación administrativa y política en Villarrubia de Santiago. La inhabilitación, si llega a ejecutarse, impediría a Monzón ejercer cargos públicos durante el periodo señalado, lo que abriría la vía a la búsqueda de sucesores en la Alcaldía y a decisiones internas en el seno del PSOE local y provincial. Además, su condición de diputada provincial sitúa la cuestión en el ámbito de la Diputación de Toledo, donde podrían activarse procedimientos para cubrir la vacante o aplicar las consecuencias legales pertinentes.
En los próximos pasos procesales y administrativos, la regidora podría valorar la posibilidad de acudir a instancias superiores —siempre dentro de los plazos y cauces procesales—, aunque la ratificación por el TSJ de Castilla‑La Mancha confirma el criterio de la Audiencia Provincial de Toledo respecto a los hechos y su valoración jurídica.
| Concepto | Situación |
|---|---|
| Órgano que ratifica | Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha |
| Delito | Prevaricación administrativa |
| Pena | 9 años de inhabilitación especial |
| Indemnización | 3.487,60 € |
Para los vecinos de Villarrubia de Santiago y de los municipios limítrofes, la noticia implica incertidumbre sobre la continuidad de la gestión municipal y sobre la representación en la Diputación. También plantea preguntas sobre la garantía de los trámites administrativos y el cumplimiento de la normativa municipal en expedientes relativos a la actividad económica local, como los mercadillos. El partido mayoritario en la oposición provincial ya ha pedido medidas inmediatas; queda por ver cómo responderá el PSOE y qué decisiones adoptará el equipo de gobierno en el Ayuntamiento.
La confirmación judicial marca un hito en el procedimiento y sitúa la situación política local en una fase crítica: la aplicación práctica de la inhabilitación, las posibles medidas internas del partido y las repercusiones en los servicios municipales serán los asuntos a seguir en los próximos días.
