Más de 2.300 mujeres de Toledo están bajo seguimiento policial por violencia de género
Los últimos datos del sistema VioGén del Ministerio del Interior señalan que en Castilla‑La Mancha hay 5.668 casos activos de violencia de género. De ese total, la provincia de Toledo concentra 2.305 expedientes, lo que representa el 40,7 % del registro regional y sitúa a la provincia como el principal foco de seguimiento en la comunidad autónoma.
El balance provisional de junio de 2026 muestra una estabilidad en la cifra regional respecto a meses previos —la diferencia con junio del año anterior y el cierre de 2025 es mínima—, pero sí hay indicadores que preocupan. En la comunidad se identifican 632 casos con riesgo medio y 47 considerados graves; en los últimos seis meses se han sumado 14 casos graves más, todos sujetos a vigilancia policial.
“El nivel de riesgo evoluciona 'según el momento y las circunstancias que lo rodeen'”
La distribución por edades revela que el grupo más afectado en Castilla‑La Mancha es el de mujeres de 31 a 45 años, con 2.721 hechos registrados y 15 de ellos catalogados como graves. A continuación figuran las edades entre 46 y 64 años (con 1.408 casos) y las mujeres de 18 a 30 años (con 1.335 casos). Además, 135 mujeres mayores de 65 años y 69 menores de edad están siendo monitorizadas por las fuerzas de seguridad.
Un dato relevante para la planificación de servicios sociales y de apoyo es que, durante 2025, en 3.185 de los expedientes abiertos las mujeres en situación de riesgo tenían hijos a su cargo, lo que implica una respuesta coordinada entre seguridad, servicios sociales y recursos de protección infantil.
- Casos activos en la región: 5.668
- Casos en Toledo: 2.305 (40,7 %)
- Casos graves en Castilla‑La Mancha: 47 (25 de ellos en Toledo)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total casos activos (CLM) | 5.668 |
| Casos en Toledo | 2.305 |
| Casos clasificados como graves (CLM) | 47 |
Para los vecinos y para las administraciones locales, estos datos implican retos operativos y sociales. La alta concentración de expedientes en la provincia de Toledo obliga a reforzar los dispositivos de protección —policiales y de servicios sociales—, garantizar el acceso real a recursos de acogida y asistencia y mantener la coordinación entre ayuntamientos, la Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad.
Las cifras también ponen de manifiesto la necesidad de priorizar la prevención y la detección temprana, en especial entre las mujeres con hijos a cargo y en los tramos de edad más afectados. El seguimiento de cada expediente por parte de las unidades policiales es clave, pero resulta igualmente imprescindible asegurar que las víctimas reciban atención jurídica, psicológica y social continuada.
Ante este contexto, las administraciones locales de la provincia de Toledo deben valorar la distribución de recursos y programas dirigidos tanto a la protección inmediata como a la recuperación a largo plazo de las víctimas. La información publicada por el Ministerio del Interior ofrece un mapa actualizado de la situación que sirve para planificar respuestas y medir la eficacia de las medidas ya puestas en marcha.
Mientras tanto, la vigilancia policial permanece activa en los casos catalogados con mayor riesgo y la evolución de estos indicadores en los próximos meses será determinante para conocer si las políticas de prevención y apoyo están dando resultado en la provincia.
