Un cuello de botella que deja sin cobrar a miles de vigueses
Los tribunales de Vigo acumulan 21.837 ejecuciones pendientes, según el recuento hecho público por el sindicato Alternativas na Xustiza (AXG). El atasco afecta a procedimientos tan variados como el pago de indemnizaciones, la ejecución de desahucios, el cobro de multas y otras sentencias que requieren trámites de ejecución para que los afectados perciban cantidades o se haga efectiva una resolución judicial.
AXG atribuye el bloqueo al proceso de reorganización judicial iniciado en enero, que supuso la supresión del antiguo juzgado y una reducción sustancial de la plantilla encargada de tramitar estos expedientes. La plantilla dedicada a las ejecuciones se habría reducido de 42 funcionarios a 26, lo que, en opinión del sindicato, ha multiplicado la carga de trabajo por empleado.
El sindicato denuncia que existen más de 1.500 ejecuciones sin tramitar desde el inicio del año y que algunos procesos están «
absolutamente parados», con consecuencias directas para las personas y empresas afectadas que aguardan el cobro de sentencias firmes o la ejecución de medidas ordenadas por los jueces.
Entre los efectos prácticos del atasco, AXG señala:
- Retraso en la entrega de dinero a personas que ganaron juicios y esperan indemnizaciones o devoluciones.
- Demoras en la ejecución hipotecaria y subastas vinculadas a impagos.
- Imposibilidad de comprobar el cumplimiento de sanciones, penas y obligaciones derivadas de sentencias de divorcio u otros procedimientos civiles.
Para cuantificar el problema, el sindicato compara el número de expedientes por funcionario antes y después de la reorganización. Según sus datos, la carga de trabajo se ha elevado de una media de 450 ejecuciones por trabajador a aproximadamente 1.000, cuando la ratio recomendada estaría entre 300 y 400.
| Concepto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Personal dedicado a ejecuciones | 42 | 26 |
| Ejecuciones por funcionario (media) | 450 | 1.000 |
AXG reclama a la Xunta la puesta en marcha de un plan de choque para reducir el volumen acumulado, bajar la pendencia y ajustar la ratio de trabajo por empleado a niveles manejables. El sindicato plantea que, sin medidas adicionales, los plazos seguirán alargándose y los efectos sobre quienes esperan cobros o el cumplimiento de sentencias serán cada vez más graves.
El atasco tiene una dimensión práctica que llega a la vida diaria de la ciudad y la provincia: familias que aguardan indemnizaciones, acreedores que no pueden cobrar facturas reconocidas judicialmente o procesos de desalojo pendientes. También afecta a la confianza en la administración de justicia como mecanismo eficaz para hacer cumplir derechos y obligaciones.
Las autoridades judiciales y la Xunta, responsables de la organización y la dotación de personal, no han emitido en el comunicado del sindicato una respuesta pública detallada sobre medidas concretas para corregir la situación en Vigo. El reclamo de AXG marcará previsiblemente la agenda en las próximas semanas, tanto en lo administrativo como en la demanda de recursos humanos y organizativos necesarios para desbloquear las ejecuciones acumuladas.
