La defensa sitúa el foco en los órganos de control
La última jornada del juicio del caso Innova dejó un giro en la estrategia de la defensa del exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. Su abogado, Antoni Aluja, centró su informe final en el papel del secretario y del interventor municipales, a quienes atribuyó la obligación de supervisar la legalidad de la actividad del holding público y la fiscalización de sus decisiones. Según defendió, esa función no se ejerció adecuadamente en los años clave del desarrollo del entramado societario.
El letrado sostuvo que entre 2005 y 2010 los mecanismos de control del consistorio sobre la sociedad no funcionaron como debían. Con base en las declaraciones practicadas en sala, recordó que el entonces secretario, Jaume Renyé, y el interventor, Baldomero Rovira, admitieron las dificultades para someter a fiscalización una estructura cuyo volumen presupuestario llegó a superar el del propio Ayuntamiento. Para la defensa, esa constatación refuerza el argumento de que los órganos con competencias legales en la materia no ejercieron su tarea con la diligencia exigible.
Responsabilidades separadas y absolución solicitada
Aluja rechazó que otras trabajadoras públicas, como Natàlia Torrell y Esther Ventura, estuvieran llamadas a asumir ese control. Argumentó que Torrell ejercía asesoramiento jurídico y que Ventura dirigía el área económico‑financiera, pero sin la atribución normativa específica de la fiscalización de legalidad reservada a los órganos municipales. En consecuencia, pidió la absolución de su cliente y cuestionó los intentos de derivar hacia ellas responsabilidades que, a su juicio, no les correspondían.
La defensa denunció una «dejación absoluta» de las responsabilidades de control por parte de quienes debían fiscalizar la actividad del holding.
El informe de Aluja se presentó tras los alegatos de las defensas de Jorge Batesteza, Josep Prat, Natàlia Torrell y Esther Ventura, y subrayó que el marco legal reservaba a la secretaría y la intervención municipales las funciones nucleares de garantía de legalidad y control interno.
El Hospital Sant Joan, en el centro del debate
La defensa reivindicó igualmente la gestión de Pérez en relación con el nuevo Hospital Sant Joan de Reus. Recordó que el proyecto se impulsó como actuación conjunta entre el Ayuntamiento y la Generalitat y que se encauzó mediante los pasos administrativos establecidos. En este sentido, expuso que el 31 de marzo de 2006 el consistorio encomendó a Innova la ejecución del centro sanitario y que acto seguido se activó el correspondiente procedimiento de contratación pública.
La referencia al hospital no es menor: el equipamiento ha sido una de las piezas más relevantes de la expansión del sector público local y de la proyección de la ciudad en materia sanitaria. La tesis de la defensa apunta a que las decisiones siguieron cauces formales y que el control debió ejercerse desde los órganos municipales llamados por ley a esa tarea.
Dificultades admitidas y alcance municipal
Entre los elementos destacados por la defensa figura el reconocimiento en sede judicial por parte de Renyé y Rovira de las «dificultades para fiscalizar» una sociedad cuyo presupuesto, según se expuso, llegó a ser superior al del Ayuntamiento. Ese reconocimiento, insistió Aluja, evidencia fallos estructurales en la fiscalización interna del periodo considerado, con impacto directo en la gobernanza local.
Para la ciudadanía de Reus, el desenlace del procedimiento es relevante por su incidencia en el uso de recursos públicos y en la arquitectura de control del consistorio. El caso abre preguntas sobre cómo reforzar las garantías de legalidad, el seguimiento de la actividad de entes instrumentales y la distribución efectiva de responsabilidades técnicas y políticas.
Claves del periodo y competencias en disputa
- Competencias: la defensa sostiene que la legalidad y la fiscalización correspondían al secretario y al interventor municipales.
- Periodo crítico: entre 2005–2010 no habrían funcionado los mecanismos de control sobre Innova.
- Hospital Sant Joan: encomienda a Innova el 31/03/2006 y activación del procedimiento de contratación, según la defensa.
| Hito | Fecha | Actor/Órgano |
|---|---|---|
| Reconocimiento de dificultades de control | 2005–2010 | Secretaría e Intervención (Renyé y Rovira) |
| Encomienda del Hospital Sant Joan | 31/03/2006 | Ayuntamiento de Reus a Innova |
El tribunal deberá valorar ahora si los argumentos de la defensa se sostienen frente a las acusaciones y al resto de informes finales presentados. Más allá del resultado, el proceso deja sobre la mesa la necesidad de clarificar procedimientos y reforzar la capacidad de control interno cuando se trata de estructuras complejas y de alto volumen presupuestario.
