Giro procesal en el juicio por la vacunación de policías durante la covid
La causa abierta por la presunta prevaricación vinculada a la priorización de grupos en la campaña de vacunación contra la covid-19 ha dado un vuelco. En la sesión celebrada ante la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía anunció la retirada de su acusación contra la exconsejera Alba Vergés y otros tres altos cargos del Departament de Salut, decisión que deja el proceso en manos de las acusaciones particulares y la resolución judicial. El juicio queda visto para sentencia.
El caso había sentado en el banquillo a la exconsejera y a tres directivos: el entonces secretario general Marc Ramentol, el exsecretario de Salud Pública Josep Maria Argimon y el exdirector del Servei Català de la Salut Adrià Comella. Las asociaciones y sindicatos policiales que actúan como acusación mantienen exigencias de inhabilitación que oscilan entre 12 y 15 años, aunque no hay consenso entre ellos sobre el alcance ni sobre la inclusión de otros responsables.
"A nosotros solo nos inspira la clínica y la ética, nada más" — manifestó Comella en su turno de defensa.
En el debate procesal se han cruzado distintas interpretaciones sobre la decisión administrativa que, según las acusaciones, supuso un trato desigual hacia efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña durante 2020. Los representantes policiales han sostenido que la demora en la vacunación fue arbitraria y provocó una desigualdad sostenida; por su parte, los acusados defendieron sus actos apelando a criterios clínicos y de salud pública.
- Fiscalía: retiró la acusación principal y dejó la causa en manos del tribunal y las acusaciones privadas.
- Acusaciones policiales: solicitan entre 12 y 15 años de inhabilitación; hay discrepancias entre asociaciones sobre alcance y destinatarios.
- Defensa: los imputados afirmaron que las decisiones se tomaron guiadas por criterios sanitarios y éticos.
La audiencia había rechazado en una fase anterior apartar la causa, que desde entonces ha ido avanzando hasta la vista oral. El abandono de la acusación por parte del Ministerio Público no extingue las pretensiones de las partes civiles, de modo que la resolución judicial deberá ponderar las pruebas aportadas durante el juicio y las argumentaciones jurídicas sobre la posible responsabilidad administrativa o penal.
| Acusado | Situación en el juicio | Penas reclamadas por acusaciones |
|---|---|---|
| Alba Vergés | Exconsejera, en el banquillo | 12 años (reclamación de algunas acusaciones); hasta 15 años por otras |
| Marc Ramentol | Exsecretario general, encausado | Idem |
| Josep Maria Argimon | Exsecretario de Salud Pública, encausado | Idem |
| Adrià Comella | Exdirector del CatSalut, encausado | Idem |
La resolución que adopte la Audiencia tendrá consecuencias jurídicas y políticas. Jurídicamente, fijará si existió o no una actuación administrativa constitutiva de delito o si las actuaciones se ajustaron al marco normativo y técnico de aquel momento. Políticamente, el cierre del procedimiento puede influir en la percepción pública sobre la gestión de las administraciones durante la fase crítica de la pandemia y en debates sobre transparencia y criterios de priorización en situaciones de emergencia sanitaria.
El tribunal dispone ahora de los elementos aportados por las partes para dictar sentencia. Mientras tanto, el episodio subraya la complejidad de dirimir responsabilidades en decisiones sanitarias tomadas bajo presión y con información parcial, y evoca la necesidad de clarificar protocolos y criterios para futuras crisis sanitarias.
