La Diputación analiza actuar como parte perjudicada en la causa sobre la trama de El Puerto
La Diputación de Cádiz ha dado un paso formal para valorar su personación en el procedimiento judicial derivado de la llamada trama de El Puerto, un caso en el que la Guardia Civil registró dependencias y solicitó documentación sobre varios contratos de patrocinio. La presidenta provincial, Almudena Martínez, ha ordenado a la asesoría jurídica que estudie la opción de personarse en el proceso «como parte perjudicada», según explicó en el pleno celebrado este miércoles en el Salón Regio, último antes del descanso estival.
Martínez defendió la legalidad de los contratos remitidos a las pesquisas: «Son procedimientos con una trazabilidad técnica, legal y administrativa impoluta como siempre ha sido en esta casa. Somos por tanto perjudicados», afirmó en respuesta a preguntas de la oposición. Sin embargo, ha señalado que su gobierno ha adoptado la medida cautelar de suspender temporalmente esos contratos por «poder originar perjuicios negativos a esta corporación» ante las últimas revelaciones.
«No se está investigando los contratos de la Diputación ni ningún miembro de esta institución».
La intervención de la Guardia Civil, que según las fuentes consultadas se centró en requerir documentación vinculada a patrocinios, y las informaciones sobre un entramado societario investigado por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico han motivado preguntas concretas sobre las responsabilidades internas y la transparencia en la gestión. En el pleno, el portavoz de Izquierda Unida, Ramón Galán, reclamó aclaraciones sobre si el gobierno provincial mantendrá «un papel activo en la defensa de la Diputación», si se va a abrir una investigación interna y qué medidas adoptará para proteger la institución.
El PSOE, representado por el portavoz Javier Pizarro, solicitó una reunión de portavoces y el acceso a la documentación completa: copia de todos los contratos de patrocinio. Los grupos han insistido en recibir por escrito la información que, según el gobierno, ya está publicada en el portal de contratación, pero reclaman que se entregue de forma organizada para facilitar su análisis ante la gravedad de las noticias que han trascendido, entre ellas alusiones a conversaciones en grupos de WhatsApp y a intentos de soborno que han sido vinculadas por la prensa con el caso y que han conducido a la dimisión de un director general de la Junta.
La Diputación afronta así una doble necesidad: por un lado, colaborar con la investigación judicial y, por otro, blindar la confianza ciudadana en la gestión pública provincial. La decisión de personarse, que corresponde a la propia institución como posible perjudicada, implicará la intervención de la asesoría jurídica en el procedimiento penal y podrá condicionar las actuaciones administrativas internas sobre contratación y patrocinio.
- Actuación de la Guardia Civil: solicitud de documentación sobre contratos de patrocinio.
- Medida cautelar del gobierno de la Diputación: suspensión temporal de los contratos señalados.
- Demandas de la oposición: copia de los contratos y reunión de portavoces para coordinar respuestas.
En la práctica, la personación como parte perjudicada supone que la Diputación podrá acceder con más amplitud al procedimiento y ejercer acciones procesales orientadas a la defensa de los intereses patrimoniales y reputacionales de la institución. Fuentes de la propia casa indican que la documentación objeto de las diligencias ya se encuentra publicada en el portal de contratación, aunque los grupos han reclamado su entrega en soporte físico o en dossier para facilitar su revisión.
| Hito | Situación |
|---|---|
| Registro de la Guardia Civil | Solicitó información sobre contratos de patrocinio |
| Decisión del gobierno provincial | Suspensión cautelar de los contratos implicados |
| Acción prevista | Estudio por asesoría jurídica para posible personación |
La evolución de la causa y las respuestas que dé la Diputación en las próximas semanas serán seguidas de cerca por los grupos políticos provinciales y por la opinión pública. La prioridad declarada por la presidenta ha sido proteger la institución mientras concluyen las diligencias judiciales: «se le dará toda la información por escrito a los grupos», aseguró en el pleno. Para los ciudadanos de la provincia la cuestión inmediata es saber si la tramitación de patrocinios y la supervisión de contratos contaron con las garantías necesarias y si habrá responsabilidades administrativas o penales en caso contrario.
