La Junta insiste en preservar la escuela rural y revisará cierres según la matrícula
La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, María Pardo, afirmó este viernes que el Ejecutivo autonómico continuará manteniendo abiertos centros agrupados con un mínimo de tres alumnos, aun cuando en la provincia de Salamanca se hayan registrado recientemente el cierre de tres escuelas rurales. La afirmación surgió durante la primera visita de la responsable autonómica a la provincia desde que asumió el cargo.
Pardo reconoció que la planificación educativa en entornos rurales es compleja cuando la disminución de alumnado obliga a reducir unidades o plantillas, pero defendió que la Administración estudia cada situación "con muchísimo cuidado" y valora alternativas antes de tomar decisiones definitivas. Añadió que ciertos cierres pueden ser temporales y que, si aumenta la matrícula en cursos posteriores, algunos centros podrían reabrir.
"Siempre estamos del lado de los alcaldes"
La consejera mostró además comprensión hacia los primeros ediles de los municipios afectados, al señalar que la pérdida de un centro escolar tiene consecuencias directas en el tejido local. En paralelo, argumentó que en ocasiones es necesario establecer límites por la disponibilidad de recursos y presupuesto.
- Mantenimiento: la Junta sostiene centros con tres escolares y apuesta por continuar con esa política.
- Revisión: los cierres se estudian caso por caso y pueden ser temporales según la evolución de la matrícula.
- Preocupación: la disminución de alumnado obliga a readaptar unidades y plantillas en centros rurales.
Durante su intervención, la consejera también expuso prioridades de su mandato, entre las que destacó la conservación de la calidad educativa en Castilla y León y la mejora del clima escolar como un eje de trabajo. Pardo señaló que la convivencia dentro de las aulas será abordada implicando a alumnado, profesorado y familias, con la intención de que la educación no solo transmita conocimientos sino también capacidades sociales.
Para los vecinos y ayuntamientos de la provincia, las decisiones sobre la apertura o cierre de centros suponen efectos inmediatos sobre la accesibilidad a la educación, la movilidad de las familias y el arraigo local. La defensa de mantener centros con ratios muy reducidas responde a argumentos pedagógicos —la Junta sostiene que alumnado en ese contexto desarrolla «capacidades educativas muy elevadas»— y a criterios de servicio público que buscan evitar desventajas para poblaciones rurales.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Cierre reciente | 3 escuelas en la provincia de Salamanca |
| Mínimo defendido | Centros agrupados con 3 alumnos |
| Política | Revisión caso por caso; posibilidad de reapertura si aumenta matrícula |
Desde la óptica práctica, las familias afectadas deberán seguir la evolución de la planificación educativa en su ayuntamiento y contactar con la Consejería cuando existan variaciones en las matrículas que puedan permitir la reapertura de unidades. Los alcaldes, según la consejera, contarán con el respaldo de la Administración para intentar minimizar el impacto de eventuales cierres, aunque la capacidad de maniobra está limitada por los recursos disponibles.
La cuestión recalca, una vez más, la tensión entre la prestación de servicios públicos en zonas despobladas y la contención del gasto. En Salamanca, donde la dispersión demográfica condiciona la oferta educativa, las decisiones sobre centros rurales siguen siendo un tema central para la gobernanza local y para las familias que residen en municipios pequeños.
La Consejería se comprometió a mantener un seguimiento continuo de la situación durante el curso escolar y a estudiar posibles alternativas que permitan compatibilizar la atención a los escolares con la sostenibilidad del sistema.
