La Rioja da un paso formal para reclamar terrenos hoy administrados por San Juan
El Gobierno de La Rioja prometió ayer avanzar en el reclamo sobre límites interprovinciales tras la promulgación de la Ley N° 10.876, una norma que reafirma la posición provincial respecto de áreas que actualmente están bajo jurisdicción de San Juan. La medida, difundida por fuentes oficiales, abre tanto la vía política como la judicial, incluida la posibilidad de llevar el asunto al máximo tribunal de la Nación.
La iniciativa vuelve a poner en primer plano una disputa histórica que remite a la delimitación oficializada en 1968, cuando una normativa nacional fijó los límites que rigen hoy. Desde el Ejecutivo riojano se sostiene que aquella definición perjudicó a la provincia y, con la nueva ley, se inicia un proceso para reunir antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos que sustenten el reclamo.
"Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar", publicó el gobernador en su cuenta de X, según la reproducción hecha por medios provinciales.
En paralelo, la reacción de la provincia de San Juan ya se ha hecho notar en ámbitos institucionales. El fiscal de Estado sanjuanino, Sebastián Dávila, aseguró que su administración tiene «todo estudiado, analizado y advertido» y que los equipos técnicos ya preparan respuestas ante una eventual acción judicial por parte de La Rioja. Otro funcionario jurídico de San Juan, Emilio Rodríguez, indicó que trabajan en una presentación en la Corte Suprema que buscaría la nulidad del decreto-ley 18.004, dictado durante el gobierno de la dictadura, por considerar que habría modificado los límites provinciales.
En su explicación pública, Dávila recordó además el marco constitucional: solo el Congreso de la Nación puede fijar los límites interprovinciales, por lo que una iniciativa local requiere —según el fiscal— tramitación institucional o recurrir directamente al fuero competente. Asimismo, matizó que, hasta recibir una notificación judicial concreta, San Juan no adoptará medidas ejecutivas.
Implicaciones prácticas y siguientes pasos
La promulgación de la ley incluye la creación de herramientas administrativas y técnicas para sustentar el reclamo. Entre las acciones previstas aparecen la recopilación de antecedentes cartográficos y jurídicos, y la preparación de expedientes para su eventual presentación en el Congreso o en la Corte Suprema. El Ejecutivo riojano ha dejado claro que el objetivo oficial es revisar la validez del marco legal que actualmente delimita ambas provincias.
- Objeto de la ley: ratificar el reclamo sobre áreas bajo jurisdicción de San Juan.
- Vías contempladas: política (Congreso) y judicial (Corte Suprema).
- Acciones técnicas: compilación de antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos.
Para los vecinos de La Rioja, la disputa trae varias implicaciones prácticas: la posibilidad de cambios en la administración de territorios reclamados, impacto sobre la gestión de recursos y proyectos locales —en particular en zonas con actividad minera— y una prolongada discusión política que puede extenderse en el tiempo y requerir negociaciones con autoridades nacionales y de la provincia vecina.
| Elemento | Dato conocido |
|---|---|
| Ley promulgada | N° 10.876 |
| Norma histórica en discusión | Decreto-ley 18.004 (época de la dictadura) |
| Vías previstas por La Rioja | Congreso y Corte Suprema |
El choque institucional entre las dos provincias hará probable una agenda técnica y jurídica sostenida: por un lado, equipos de abogados y cartógrafos; por otro, el debate político sobre la idoneidad y alcance de la ley provincial para un asunto que, según la interpretación de San Juan, debe resolver el Congreso. En ese contexto, tanto las autoridades provinciales como los actores locales —especialmente en las zonas afectadas— seguirán de cerca la evolución del proceso.
La disputa no es nueva, pero la promulgación de la Ley N° 10.876 marca un punto de inflexión porque formaliza la intención del Gobierno riojano de pasar del planteo político a la búsqueda de instancias capaces de dirimir el conflicto, incluida la Corte Suprema. Mientras tanto, San Juan declara estar preparada para defender la delimitación vigente y para presentar las acciones legales que estime pertinentes si La Rioja concreta su reclamo por la vía judicial.
