El Estado intervendrá si el Ayuntamiento no actúa
El Monumento a Franco situado en la capital tinerfeña vuelve al primer plano institucional. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, advirtió de que, en caso de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no proceda a su retirada, lo hará la Administración General del Estado y repercutirá el gasto de manera subsidiaria al consistorio. El anuncio llega tras una reunión del ministro con la Asociación de Memoria Democrática de Tenerife.
Torres sostuvo que, a la luz de los informes técnicos disponibles, la escultura carece de valor artístico o arquitectónico y no reúne condiciones para su declaración como Bien de Interés Cultural. Además, recordó que la pieza está incorporada al catálogo de vestigios del Ministerio, lo que refuerza la petición de retirada por su carácter de exaltación del franquismo.
«Espero que se haga antes de los seis meses»
El titular de Memoria Democrática subrayó que mantiene interlocución con el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante todo el proceso. Se mostró sorprendido por las críticas del regidor —que habló de «política chunga», según señaló— y negó móviles partidistas en un procedimiento en el que, dijo, los criterios técnicos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias coinciden pese a ser de distinto signo político.
Plazos y encaje administrativo
El ministro situó el horizonte temporal de actuación en seis meses. En ese periodo el Ayuntamiento podría ordenar la retirada conforme a los informes ya emitidos. De no producirse, el Estado intervendría con cargo posterior al ente local. Este esquema sitúa el foco en la capacidad municipal para ejecutar la decisión y en la previsión presupuestaria ante un eventual coste subsidiario.
| Actor | Competencia | Plazo indicado | Coste |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Retirada del monumento | Hasta 6 meses | A su cargo si ejecuta |
| Administración General del Estado | Ejecución subsidiaria si no actúa el Ayuntamiento | Tras el plazo | Repercusión al municipio |
Impacto local y próximos pasos
La posible retirada del monumento, obra de Juan de Ávalos, afectaría a un enclave visible del viario capitalino y reabre el debate sobre el tratamiento del legado franquista en espacios públicos. La referencia del Ministerio al escaso valor artístico o arquitectónico sitúa la discusión en parámetros patrimoniales y de cumplimiento normativo, más allá del enfrentamiento político. La inclusión en el catálogo de vestigios es un elemento clave de esa argumentación.
En la práctica, el escenario inmediato para los vecinos pasa por:
- Un periodo de decisiones municipales en torno a la retirada, su calendario y los trabajos necesarios.
- La eventual intervención estatal si el Ayuntamiento no ejecuta en tiempo, con la consiguiente repercusión económica para las arcas locales.
- Una reorganización del espacio público afectado durante la retirada si finalmente se lleva a cabo.
Contexto institucional y social
El encuentro del ministro con la Asociación de Memoria Democrática de Tenerife enmarca el proceso en una dinámica de diálogo con entidades memorialistas. Desde ese ámbito se reclama profundizar en educación y conciencia cívica en torno a los símbolos del pasado dictatorial. En paralelo, el cruce de declaraciones entre administraciones mantiene el foco en la coordinación institucional para ejecutar decisiones sustentadas en informes técnicos.
La afirmación de Torres de que las tesis de los funcionarios del Gobierno de España y del de Canarias convergen en la falta de valor artístico de la obra intenta desactivar la lectura partidista del caso. De confirmarse el calendario apuntado por el Ministerio, los vecinos de Santa Cruz de Tenerife conocerán en los próximos meses si el consistorio asume la retirada por iniciativa propia o si se hace efectiva la ejecución subsidiaria por parte del Estado.
