El Consistorio analiza opciones legales mientras corre el plazo de seis meses
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene un estudio exhaustivo de la resolución dictada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ordena la retirada del monumento a Franco —obra de Juan de Ávalos— ubicado en la confluencia entre la avenida de Anaga y La Rambla. Fuentes municipales confirman que los servicios jurídicos siguen analizando la resolución y que se baraja la posibilidad de interponer un recurso, sin que por ahora exista una decisión definitiva.
La orden estatal fija un plazo de seis meses para ejecutar la retirada. El incumplimiento podría conllevar sanciones económicas y medidas de ejecución subsidiaria por parte del Estado. Entre las consecuencias económicas señaladas en la resolución figura una sanción que puede llegar a 1.000 euros mensuales, además de la posibilidad de que el Estado realice la ejecución y posteriormente reclame los costes al Ayuntamiento.
“Los servicios jurídicos siguen analizando la resolución y estudian recurrirla. Aún no se ha decidido nada”, apuntan fuentes municipales.
En el Consistorio el debate trasciende lo estrictamente político y se centra en cuestiones técnicas y administrativas. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha subrayado en anteriores declaraciones que el Ayuntamiento “cumplirá la ley”, sin perjuicio de valorar todas las vertientes legales y económicas de la resolución.
- Plazo fijado por el Gobierno central: 6 meses.
- Sanción prevista por incumplimiento: hasta 1.000 €/mes y posible ejecución subsidiaria del Estado.
- Ubicación de la escultura: confluencia de avenida de Anaga y La Rambla.
Dentro del procedimiento administrativo, una de las vías que contempla el Ayuntamiento es la interposición de un recurso en alzada ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El Consistorio dispone de un mes para formalizar ese recurso, plazo que se suma al de seis meses para cumplir la orden si no prospera la impugnación.
Fundamentos del dictamen estatal y repercusiones locales
La resolución estatal se apoya en el informe de una comisión técnica que concluye que la pieza constituye una “expresión inequívoca” de exaltación de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista, por lo que fue incluida en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática. Ese dictamen ha reactivado un conflicto latente en la capital tinerfeña y ha forzado al Ayuntamiento a sopesar tanto las implicaciones jurídicas como el impacto sobre las arcas municipales.
| Aspecto | Dato |
|---|---|
| Plazo para retirada | 6 meses |
| Sanción por incumplimiento | Hasta 1.000 €/mes |
| Recurso administrativo posible | Recurso en alzada (1 mes para presentarlo) |
| Ubicación del monumento | Avenida de Anaga / La Rambla |
Para los vecinos, la controversia plantea efectos concretos: la posible afectación del presupuesto municipal si se ejecutan sanciones o si el Ayuntamiento decide asumir costes jurídicos prolongados; y la presencia en el espacio público de un elemento que el Estado considera incompatible con la memoria democrática. La decisión que tome la Corporación en las próximas semanas marcará los pasos administrativos y, en su caso, el calendario de retirada.
El procedimiento abierto obliga también a contemplar el escenario de una ejecución subsidiaria por parte del Estado, que implicaría la intervención técnica en el lugar y la posterior reclamación de los costes al Ayuntamiento. Ante esa posibilidad, el Consistorio estudia no solo la viabilidad jurídica de recurrir la orden sino también la dimensión práctica y económica de cada alternativa.
