Un fallo que vuelve a poner sobre la mesa el coste fiscal del modelo concesional en Vigo
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado una resolución relativa al impuesto de bienes inmuebles (IBI) del Hospital Álvaro Cunqueiro correspondiente al año 2019, que obliga a la concesionaria a asumir el tributo, estimado en alrededor de un millón de euros por año. La decisión llega después de que el Tribunal Supremo anulase con anterioridad la sentencia original por motivos de imparcialidad vinculados a la participación del magistrado Luís Villares en aquel tribunal.
El pleito, que enfrenta al Concello de Vigo (que exigió el impuesto) y a Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo —un consorcio liderado por el fondo francés Meridiam—, volvió al TSXG tras la anulación por el Alto Tribunal. En esta ocasión, la sala se constituyó con tres magistrados: César Alexis González (ponente), Rosa Agrasso y Ángeles Braña, que han resuelto en el mismo sentido que la primera sentencia que Villares redactó en 2022.
“el derecho a un juez imparcial”
El Tribunal Supremo consideró que la intervención de Villares —que previamente había mostrado públicamente su postura sobre la exención del IBI cuando era diputado y líder de En Marea— comprometía la imparcialidad del proceso, de modo que anuló esa resolución y otras dos relacionadas. No obstante, la nueva composición del TSXG ha emitido un fallo con la misma consecuencia material: la obligación de pago recae en la empresa concesionaria al entender los magistrados que el contrato no admite interpretaciones que eximan a la compañía de dicho tributo.
Para la ciudadanía y las administraciones locales de Vigo, la sentencia tiene efectos prácticos y presagia consecuencias en varias dimensiones: desde el impacto en las arcas municipales y la contabilización de ingresos por impuestos hasta la interpretación de cláusulas contractuales en futuros acuerdos de colaboración público-privada. También influye en la relación contractual entre la Xunta, el Sergas y la concesionaria, dado que pone énfasis en la literalidad del contrato como criterio resolutorio.
Los puntos clave del fallo pueden resumirse en la siguiente tabla:
| Año | Decisión | Responsable del pago |
|---|---|---|
| 2019 | IBI exigido por el Concello confirmado | Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo |
La resolución también plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica de los contratos administrativos complejos: una sentencia anulada por cuestiones de imparcialidad regresa al mismo tribunal y obtiene el mismo resultado, lo que subraya la tensión entre la tutela judicial efectiva y las garantías procesales.
- La cuantía del IBI en disputa asciende a cerca de 1 millón de euros por año.
- La empresa demandada es una unión de empresas liderada por Meridiam.
- El Tribunal Supremo anuló la primera sentencia por motivos de imparcialidad ligados a la participación de Luís Villares.
Desde el punto de vista local, resta por ver si el Concello de Vigo o la Xunta adoptan acciones posteriores —revisión de contratos, reclamaciones complementarias o intentos de negociación con la concesionaria— y cómo se registrarán contablemente estos importes en los próximos ejercicios. Para los vecinos, la noticia confirma que los debates sobre quién financia los servicios públicos gestionados en régimen concesional siguen teniendo efectos concretos sobre las finanzas municipales y autonómicas.
