Tres voces del sector cultural exigen garantías de participación
Tres asociaciones de referencia en el ecosistema artístico de Canarias —Artemisia, la AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales) y Réplica (Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Canarias)— han remitido una carta a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria en la que expresan su preocupación por el Plan Estratégico de Derechos Culturales 2027-2037. Las entidades denuncian un proceso de elaboración que, según sostienen, se ha desarrollado al margen de los agentes culturales de la ciudad y sin mecanismos efectivos de consulta previa.
El documento base del plan, de 144 páginas, habría sido redactado —afirman— desde el gabinete de la Alcaldía con apoyo de una asesoría «sin trayectoria conocida en esta materia» y del equipo de Capitalidad Cultural Europea, que habría seleccionado a expertas cuya identidad no ha sido hecha pública para el sector. Las asociaciones alertan de la ausencia de una memoria económica y de la continuidad de un marco previo —el plan de las Artes 2025-2031— que, según señalan, «ni siquiera se ha ejecutado».
«Pedir opiniones sobre un texto ya redactado no es participar»
La misiva subraya que el procedimiento abre ahora un periodo de aportaciones, pero lo hace, aseguran, con un texto terminado «de principio a fin sin contar con el sector cultural de la ciudad». Para las firmantes, proponer comentarios cuando las líneas están cerradas convierte la consulta en un «simulacro» que contradice el espíritu de un plan que se presenta bajo el paraguas de los derechos culturales.
Transparencia y legitimidad: el núcleo del reproche
Según el escrito, la falta de transparencia alcanza tanto a la selección de expertas como a los criterios y costes de contratación vinculados al proceso. Las asociaciones recuerdan que el Consejo Sectorial de Cultura, órgano concebido para el diálogo con el sector, no se reúne desde septiembre de 2025, un dato que, para estas organizaciones, evidencia la ausencia de canales institucionales operativos.
El conflicto, más allá del ámbito municipal, roza principios de interés general: la planificación cultural asociada a derechos implica participación informada, trazabilidad de decisiones y evaluación presupuestaria. La solidez técnica de un plan a diez años exige procesos abiertos, tiempos razonables para el contraste con la comunidad artística y un relato claro de cómo se vinculan objetivos, medidas e inversión.
Lo que está en juego: derechos, método y futuro
La carta responsabiliza al procedimiento de comprometer la credibilidad del plan y su capacidad real de incidencia. Un marco sin participación cualificada puede traducirse en objetivos difícilmente implementables, escaso arraigo sectorial y riesgos de discontinuidad. Las organizaciones firmantes plantean que un plan de estas características debe integrar, desde el inicio, a creadoras, profesionales y entidades locales, con especial atención a la diversidad de prácticas y a la escala de los proyectos.
- Participación efectiva: incorporación real del sector en la fase de diagnóstico, diseño y priorización.
- Transparencia procedimental: publicidad de expertas, criterios y costes de contratación.
- Sostenibilidad económica: una memoria presupuestaria que vincule metas y recursos a lo largo del periodo 2027-2037.
Datos clave del proceso señalado
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Horizonte del plan | 2027-2037 |
| Extensión del documento | 144 páginas |
| Órgano consultivo | Consejo Sectorial de Cultura (sin reunión desde septiembre de 2025) |
Un debate que trasciende lo local
La denuncia de Artemisia, AICAV y Réplica se inscribe en una discusión amplia sobre cómo abordar, desde las instituciones, políticas culturales con enfoque de derechos. El método importa: los tiempos de consulta, la apertura de datos, la evaluación independiente y la rendición de cuentas condicionan tanto la legitimidad del diseño como su eficacia futura. En ausencia de memoria económica y con dudas sobre la autoría técnica del texto, las organizaciones reclaman una revisión del itinerario, con mecanismos de participación verificables y una arquitectura presupuestaria que haga posible su aplicación.
Las asociaciones ponen el acento en la coherencia: un plan que invoca derechos culturales debería modelar, en su propia gestación, los estándares de diálogo, acceso a la información y corresponsabilidad que después pretende garantizar. A la espera de respuestas institucionales, el sector queda pendiente de si el periodo de aportaciones se convierte en un espacio real de codiseño o en una formalidad de trámite.
