La evaluación ambiental detecta carencias técnicas y potenciales impactos en un proyecto de almacenamiento energético
La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern de les Illes ha impuesto una evaluación de impacto ambiental ordinaria al proyecto de hibridación del parque fotovoltaico Can Cerdó I, situado en Santa Maria del Camí. La resolución, publicada en el BOIB, concluye que la iniciativa podría ocasionar efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que recomienda un examen más pormenorizado antes de conceder cualquier autorización.
El plan presentado por el promotor plantea instalar un módulo de baterías —con una potencia y capacidad que figuran en la documentación como 1,016 MW y 2,032 MWh— en una parcela rústica anexa al parque fotovoltaico ya operativo. La finca, de más de 16.000 metros cuadrados, alberga actualmente el parque solar con más de 2.500 paneles y se encuentra en el ámbito del polígono industrial de Son Llaüt.
"efectos adversos significativos sobre el medio ambiente"
El órgano ambiental apunta defectos y lagunas en la documentación aportada por la promotora. Entre las deficiencias más relevantes figura la ausencia de un análisis exhaustivo del riesgo de desbordamiento térmico de las baterías —un fallo que en escenarios de temperaturas elevadas puede desembocar en incendios— y la falta de estudios específicos sobre los campos electromagnéticos, pese a la proximidad de viviendas a menos de 100 metros.
Asimismo, la evaluación reclama un estudio acústico para la fase de explotación, ya que los equipos previstos podrían generar niveles de ruido elevados. Se requieren además evaluaciones sobre las sustancias potencialmente peligrosas asociadas a las baterías —electrolitos, metales pesados o gases tóxicos— y medidas preventivas para evitar fugas o accidentes. Otro punto crítico destacado es la planificación de la gestión de residuos al final de la vida útil de la instalación, estimada entre 25 y 30 años.
- Necesidad de análisis del riesgo térmico y de incidentes en baterías.
- Carencia de estudios sobre campos electromagnéticos y ruido.
- Ausencia de plan detallado para sustancias peligrosas y residuos al final de vida.
La orden de someter el proyecto a evaluación ordinaria implica que, antes de conceder autorizaciones, las autoridades exigirán información complementaria que cubra esos vacíos técnicos y ambientales. La medida pone de manifiesto la tensión entre el impulso a la integración de energías renovables mediante almacenamiento y las exigencias de seguridad y protección del entorno en su emplazamiento.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Potencia/capacidad del módulo | 1,016 MW / 2,032 MWh |
| Superficie de la parcela | Más de 16.000 m² |
| Número aproximado de paneles actuales | Más de 2.500 |
| Distancia a viviendas | Menos de 100 m |
| Vida útil estimada | 25–30 años |
Esta resolución encaja en un contexto nacional en el que las administraciones combinan el impulso de renovables con controles ambientales más estrictos, sobre todo en proyectos que implican nuevos riesgos tecnotecnológicos. La decisión de la Conselleria actúa como recordatorio de que la transición energética no solo requiere desplegar capacidad de generación y almacenamiento, sino también protocolos claros sobre seguridad, salud pública y tratamiento de residuos que garanticen la sostenibilidad a largo plazo.
En adelante, los promotores tendrán que presentar información adicional que despeje las incertidumbres señaladas por el órgano ambiental. Solo entonces podrá evaluarse con detalle el balance entre beneficios para la red eléctrica —reducción de fluctuaciones y mejora de integración— y las posibles afectaciones al entorno y a la población cercana.
