El Gobierno ha emitido una declaración de reparación personal en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para Josu Zabala Erasun, vecino de Irún, fallecido el 8 de septiembre de 1976 por un disparo de la Guardia Civil en Hondarribia. La resolución reconoce que Zabala padeció persecución por razones políticas e ideológicas y le atribuye el derecho a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, según ha informado el Observatorio Vasco de Derechos Humanos GEBehatokia.
Un avance administrativo que no reabre la vía penal
GEBehatokia ha comunicado que, además del reconocimiento administrativo, el procedimiento de jurisdicción voluntaria incoado para certificar los hechos ha sido admitido a trámite en el Juzgado de Instancia de Irún. El observatorio subraya que dicho trámite no implica la reapertura de una causa penal contra el agente implicado, el guardia civil Enrique Pascual, sino la obtención de una certificación judicial sobre lo acontecido.
La entidad recuerda que Pascual fue objeto de un indulto o amnistía en el año siguiente a los hechos por medio de un decreto de la Capitanía General Burgos, que determinó el sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra él. Esa circunstancia, junto al tiempo transcurrido, marca el límite de la respuesta penal y explica que la vía que tramita ahora la familia y sus representantes se ciña al reconocimiento y a la constatación judicial de los hechos.
El acceso a los archivos militares, piedra de choque
GEBehatokia ha expresado su sorpresa y preocupación por el estado de la documentación remitida desde el Archivo Militar de El Ferrol, que según la organización está censurada. El observatorio considera esencial la incorporación de esos expedientes al proceso de jurisdicción voluntaria, en particular el testimonio de un testigo presencial del asesinato —detenido posteriormente— que describió torturas durante su detención y que, de confirmarse íntegramente, habría gran valor esclarecedor.
“Los archivos siguen cerrados a cal y canto para las víctimas del Estado”, afirmó el Observatorio, que denunció la “grave arbitrariedad” de impedir a una víctima reconocida por el Gobierno el acceso completo a su expediente.
- Reconocimiento: Declaración administrativa de reparación personal según la Ley 20/2022.
- Procedimiento judicial: Jurisdicción voluntaria admitida a trámite en Irún para certificar hechos.
- Documentación: Expediente remitido desde El Ferrol con partes censurados, según GEBehatokia.
La reclamación por el acceso completo a los archivos conecta con un debate más amplio sobre transparencia y memoria: las víctimas y sus familiares exigen que los fondos de las instituciones militares no permanezcan vetados cuando forman parte de causas por violaciones de derechos humanos. Para GEBehatokia, la imposibilidad de consultar los originales supone una nueva forma de revictimización.
Fechas y hitos del caso
| Hecho | Fecha |
|---|---|
| Muerte de Josu Zabala Erasun | 8 de septiembre de 1976 |
| Amnistía o decreto militar que sobreseyó la causa | Un año después (1977) |
| Reconocimiento por el Gobierno conforme a la Ley 20/2022 | 2026 (resolución comunicada por GEBehatokia) |
El reconocimiento oficial abre la puerta a actos de reparación simbólica y a la inscripción de la condición de víctima en los registros que procedan, pero deja sin resolver la asignatura crítica del acceso a la documentación militar que podría aportar testimonios y pruebas relevantes. La situación anticipa posibles peticiones al juzgado para que requiera los expedientes íntegros al archivo militar y, en última instancia, plantea decisiones políticas sobre transparencia en los archivos estatales.
En términos institucionales, la resolución del Gobierno es coherente con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que pretende reparar a quienes sufrieron persecución por motivos políticos o ideológicos durante la dictadura y la transición. No obstante, el caso evidencia las limitaciones prácticas para la reconstrucción completa de los hechos cuando persisten restricciones en centros documentales dependientes de las Fuerzas Armadas.
La confluencia de una certificación judicial de los hechos con la queja por documentos censurados sitúa a este expediente en el cruce entre la reparación simbólica y la demanda de verdad documental. A medida que avance el procedimiento en el Juzgado de Irún, quedará por ver si el acceso íntegro a los archivos militares se garantiza y si las instituciones involucradas facilitan, de manera efectiva, la labor de las víctimas y sus representantes en la búsqueda de esclarecimiento.
