El choque institucional por la financiación acapara la agenda territorial
El Govern balear ha activado una estrategia política destinada a bloquear o condicionar la tramitación del nuevo sistema de financiación que, según sus dirigentes, el Gobierno pretende aprobar de forma inminente. La preocupación del Ejecutivo autonómico radica en que esa aprobación podría producirse en la próxima sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada para el 29 de julio, y con el respaldo de una única comunidad autónoma.
El vicepresidente balear, Antoni Costa, ha denunciado públicamente que el modelo ha sido pactado únicamente con Catalunya y que no ha existido un proceso de negociación amplio entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades. Como muestra de protesta, Costa rehusó participar en una reunión bilateral con el ministro Arcadi España, y el Ejecutivo autonómico interpreta la hoja de ruta del Gobierno como un atropello institucional que exige una respuesta coordinada y de primer nivel.
«Nos van a aplicar el rodillo», alerta el vicepresident del Govern. «Su estrategia es poner en un brete a las comunidades y al PP».
El reglamento del Consejo otorga al Gobierno el 50 % de los votos, lo que hace posible sacar adelante una propuesta con el apoyo de una sola comunidad -en este caso la mencionada Catalunya-, según subrayan desde el Govern balear. Además, el Ejecutivo central pretende tramitar conjuntamente la ley de condonación de deuda, que en el supuesto de Baleares implicaría dejar de deber alrededor de 1.700 millones a Madrid.
Movilización y factores que podrían alterar la tramitación
Ante ese horizonte, el Govern sopesa distintas iniciativas de presión política y social. Entre las medidas que estudia está la convocatoria de los agentes económicos y sociales para evidenciar la oposición de la sociedad balear al procedimiento seguido por el Gobierno, por entender que las comunidades no han podido ni siquiera emitir opinión sobre el contenido del modelo.
- Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera: prevista para el 29 de julio.
- Potencial condonación de deuda: ~1.700 millones en el caso de Baleares.
- Distribución de votos en el Consejo: el Gobierno dispone de 50 % del total, lo que permitiría la aprobación con el apoyo de una comunidad autonómica.
La vía política no es la única incertidumbre. Si el Consejo aprobara el modelo este mes, la propuesta tendría que someterse posteriormente a votación en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesitaría apoyos externos. Según las fuentes consultadas, el respaldo de ciertos partidos como Junts no parece asegurado, lo que podría complicar la tramitación parlamentaria.
El choque entre Gobierno y comunidades por la financiación plantea así un doble reto: por un lado, la legitimidad del procedimiento de aprobación en el ámbito autonómico; por otro, la capacidad del Ejecutivo central para consolidar los apoyos en el Parlamento. En ese escenario, el Govern balear pretende convertir su rechazo en un frente concertado que trascienda el ámbito institucional y presione políticamente para reabrir la negociación.
La próxima reunión del Consejo será una cita clave. Si la intención comunicada por el ministro se mantiene, las semanas previas se disputarán tanto en las mesas bilaterales como en la arena pública, con balances económicos y electorales en juego para las partes implicadas.
