Imaginemos a un vecino que, ante un problema legal grave, recibe la oferta de que alguien externo pague la defensa a través de una empresa ajena. Esa propuesta, poco habitual y con implicaciones éticas y procesales, fue la que, según ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional, rechazó el primer abogado de José Luis Ábalos.
El letrado José Aníbal Álvarez compareció como testigo ante el juez Santiago Pedraz, que instruye la pieza sobre las maniobras de Leire Díez —conocida mediáticamente como la «fontanera»— para, presuntamente, interferir en causas penales que afectan al PSOE y al Gobierno. Álvarez relató que Díez le ofreció sufragar la defensa de Ábalos a través de una sociedad, una fórmula que él declinó porque su práctica profesional es cobrar directamente de su cliente o de una empresa vinculada a éste.
Qué dijo el testigo y qué investiga la UCO
El abogado señaló que finalmente no llegó a percibir honorarios por esa defensa y que tampoco lo hicieron los sucesores en el encargo. Además, negó que Díez hubiera coordinado la asistencia letrada del exsecretario de Organización del PSOE y responsable de Transportes.
"podría haber gestionado el pago por parte del PSOE"
Así lo recoge, en términos parecidos, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en su momento apuntó que Díez 'podría haber gestionado el pago por parte del PSOE' de la defensa y que habría mediado por pagos retrasados o incumplidos. La UCO incorporó además conversaciones entre Álvarez y Díez fechadas entre noviembre y diciembre de 2024 que, en opinión de los investigadores, hacen referencia a un asunto pendiente de solución.
- Álvarez rechazó el pago mediante una sociedad y negó coordinar la defensa.
- La UCO documentó mensajes que sugieren reclamaciones por honorarios.
- Ábalos ha sido condenado por el Supremo y sigue imputado en otras ramas del caso Koldo.
La revelación sitúa nuevamente en el foco público la figura de Díez y su posible papel como intermediaria en asuntos judiciales sensibles. Para la opinión pública y para los partidos implicados, la clave no solo es si se concretaron pagos sino la posible existencia de circuitos informales de financiación de defensas que podrían distorsionar la transparencia en procesos penales.
| Elemento | Constatación |
|---|---|
| Propuesta de pago | Oferta de Díez para usar una sociedad |
| Pago efectivo | No cobrado por Álvarez |
| Mensajes | Conversaciones noviembre-diciembre 2024 incorporadas |
La declaración de Álvarez alimenta la instrucción que dirige Pedraz y mantiene abierto el debate sobre prácticas de intermediación en la esfera judicial. A la espera de nuevas diligencias, el caso sigue sumando piezas que deberán aclarar no solo las relaciones entre los investigados sino si existieron mecanismos concertados para influir en procesos que afectan a altos cargos del Estado.
