Debate sobre la implantación y quién debe abonarla
El Ejecutivo autonómico vuelve a situar la tasa turística en el centro del debate público al defender su implantación como herramienta para conservar los entornos naturales y financiar los servicios en los concejos que multiplican su población en temporada alta. La vicepresidenta del Principado, responsable de Turismo, mostró públicamente su respaldo a la medida y, en una entrevista en la radiotelevisión pública regional, reconoció que ella misma "
estaría encantada" de pagar el importe previsto si viajara por Asturias.
El gravamen previsto fija una cuantía simbólica por persona, dirigida a sostener los costes que generan los picos de afluencia turística en municipios singulares. Según explicó la responsable autonómica, la tasa se aplicará en periodos concretos del año y la recaudación tiene como objetivo apoyar a ayuntamientos que durante la temporada elevan notablemente su demanda de servicios públicos.
La incógnita de los residentes
Pese a la defensa pública del impuesto, el Gobierno autonómico admite que existe una cuestión técnica y jurídica sin resolver: la posibilidad de que los asturianos que hagan turismo intracomunitario tengan que abonar la tasa al alojarse en concejos que la implanten. Fuentes del Principado han señalado que una exención general para residentes podría ser inconstitucional, por lo que se trabaja en mecanismos alternativos para evitar que los propios vecinos carguen con el gravamen cuando se desplacen dentro de la comunidad.
- Importe previsto: 50 céntimos por persona.
- Períodos de aplicación: Semana Santa y los meses de junio a septiembre.
- Exenciones: Niños (no pagarían).
La vicepresidenta subrayó que se trata de una cifra “muy moderada” y defendió la idea de que el cobro no repercutirá en la elección de destino por parte de visitantes, al tiempo que servirá para “cuidar un paraíso natural como el nuestro y legarlo a las generaciones futuras”.
Impacto local y opciones prácticas
Para los concejos turísticos asturianos, la tasa representa una fuente adicional de recursos en un contexto en el que la población flotante puede multiplicar la demanda de recogida de residuos, mantenimiento de infraestructuras, seguridad y servicios sanitarios. A nivel práctico, la gestión de la nueva figura requerirá:
- Definir los criterios territoriales de aplicación por concejo.
- Establecer procedimientos de recaudación y control, tanto para visitantes como para estancias de residentes.
- Determinar el destino final de los fondos y los mecanismos de reparto con los ayuntamientos afectados.
El Ejecutivo ha anunciado además que la implantación se hará coincidir con periodos de máxima afluencia —Semana Santa y verano— para que la medida cumpla su objetivo de proteger los recursos allí donde el impacto es más notable.
| Concepto | Datos |
|---|---|
| Importe por persona | 0,50 € |
| Período previsto | Semana Santa; junio-septiembre |
| Exención conocida | Menores |
El anuncio ha reavivado las consultas entre administraciones locales y agentes del sector turístico, que seguirán de cerca tanto la concreción legal como las posibles alternativas planteadas por el Principado para sortear problemas constitucionales en torno a exenciones para residentes. La discusión continuará en las próximas semanas, cuando se ultimen los detalles operativos antes de su entrada en vigor.
