En el pleno del Parlamento Europeo celebrado esta semana, los eurodiputados gallegos pusieron de nuevo sobre la mesa la necesidad de adaptar la Política Pesquera Común (PPC) a las circunstancias reales del sector en España. Los representantes Francisco Millán Mon (PPdeG), Nicolás González Casares (PSdeG) y Ana Miranda (BNG) coincidieron en que el marco vigente, aprobado en 2013, no responde a retos actuales como la pérdida de empleo, el envejecimiento de la flota y las dificultades para asegurar el relevo generacional.
Diagnóstico compartido y peticiones concretas
Las intervenciones se apoyaron en la evaluación encargada por la Comisión Europea, que sitúa problemas estructurales en la pesca comunitaria. Aunque hubo sintonía en el diagnóstico general, los eurodiputados subrayaron demandas distintas en matices y prioridades: desde la urgencia de medidas que simplifiquen la actividad hasta la incorporación explícita de criterios sociales y económicos en la gestión pesquera.
«Hay una flota extractiva en declive, una acuicultura estancada y una industria transformadora más próspera»,
La frase, citada por Francisco Millán Mon al recoger el análisis comisarial, sirvió para poner énfasis en la necesidad de que el informe de la Comisión se materialice en decisiones prontas y operativas. Millán Mon reclamó un paquete «ómnibus» que permita simplificar trámites y adaptar las normas a la realidad de los puertos y armadores gallegos.
Por su parte, Nicolás González Casares insistió en que la sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de la sostenibilidad social y económica de las comunidades pesqueras para que la actividad sea viable en el medio y largo plazo. Ana Miranda, desde el BNG, mostró su rechazo a una evaluación que consideró «muy tímida» y reclamó que la Unión Europea garantice las competencias pesqueras de Galicia y reconozca a las cofradías como beneficiarias directas de ayudas comunitarias.
Implicaciones y posibles salidas
La reclamación de los eurodiputados gallegos coloca sobre la agenda pública varias cuestiones que tendrán efecto sobre políticas nacionales y comunitarias:
- Revisión normativa: la Comisión se ha comprometido a una «revisión quirúrgica» de la PPC, que podría traducirse en cambios reglamentarios de alcance europeo.
- Instrumentos de apoyo: modernización de la flota y planes para facilitar el relevo generacional en el sector.
- Dimensión social: incorporación de criterios sociales y económicos en la gestión de los recursos para proteger el tejido portuario y las comunidades costeras.
Estas propuestas, de prosperar en las próximas fases del debate comunitario, exigirán coordinación entre el Ejecutivo español, las autoridades autonómicas y los interlocutores del sector (armadores, cofradías y procesadores) para trasladar demandas concretas a Bruselas y diseñar instrumentos de financiación y gobernanza adaptados.
| Eurodiputado | Grupo/Partido | Reivindicación principal |
|---|---|---|
| Francisco Millán Mon | PPdeG | Paquete «ómnibus» para simplificar la actividad y decisiones inmediatas |
| Nicolás González Casares | PSdeG | Reforma urgente que incluya la sostenibilidad social y económica |
| Ana Miranda | BNG | Reconocimiento de competencias gallegas y acceso directo de cofradías a ayudas |
El resultado de la evaluación europea, que según los eurodiputados no ha cumplido muchos de los objetivos planteados, abre ahora un periodo de discusión en el que se decidirá si la revisión de la PPC se limita a ajustes técnicos o se aborda desde una perspectiva más amplia que incluya la dimensión socioeconómica del sector. Para las comunidades costeras españolas, y en particular para Galicia, la decisión tendrá efectos palpables sobre empleo, ordenación del esfuerzo pesquero y capacidad de adaptación a políticas de conservación.
En los próximos meses, el debate en Bruselas y la reacción del Gobierno español y de las administraciones autonómicas marcarán el ritmo: la urgencia reclamada por los eurodiputados choca con la complejidad de acordar medidas comunes entre Estados miembros con intereses pesqueros heterogéneos. Por ello, la capacidad de agencia de los representantes gallegos en el Parlamento Europeo y su habilidad para forjar mayorías serán determinantes para que las demandas del sector puedan traducirse en normativa y en recursos concretos.
