El contrato y la protesta
El PSOE de Granada ha puesto el foco en la reciente adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de un contrato de 62,5 millones de euros para la realización de pruebas diagnósticas en centros sanitarios privados. La denuncia, encabezada por la parlamentaria provincial María Ángeles Prieto, subraya que la decisión se toma en un contexto en el que los centros públicos de la provincia sufren carencias de plantilla y de recursos materiales.
Los socialistas consideran que la adjudicación consolida un modelo que, en su opinión, convierte las listas de espera en un nicho de negocio para empresas privadas y obliga a pacientes granadinos a desplazarse fuera de la provincia para recibir pruebas que, según la formación, deberían prestarse desde el sistema público.
Reparo por posible conflicto y falta de transparencia
La denuncia añade un elemento de peso político y ético: una de las empresas beneficiadas pertenece al entorno empresarial del actual viceconsejero de Salud, el motrileño Nicolás Navarro. María Ángeles Prieto calificó la circunstancia de "escandaloso" y reclamó explicaciones a la Junta.
"Si hay 62,5 millones de euros para pagar pruebas diagnósticas a la privada, también hay presupuesto para contratar más radiólogos, técnicos y ampliar horarios"
En su intervención, la parlamentaria insiste en que la contratación externa no es inevitable si se invirtiera adecuadamente en personal y organización dentro de los hospitales públicos provinciales, incluyendo ampliación de turnos y refuerzo de plantillas.
- Importe adjudicado: 62,5 millones de euros.
- Empresa beneficiada vinculada al viceconsejero de Salud, Nicolás Navarro.
- Crítica por ausencia de publicación de las listas de espera diagnóstica desde 2019.
Contexto y consecuencias locales
Para los pacientes de Granada, las decisiones señaladas pueden traducirse en mayores desplazamientos, posibles demoras en el diagnóstico y en un refuerzo del protagonismo del sector privado en servicios que habitualmente se consideran parte esencial de la cartera pública. Además, la acusación de falta de transparencia respecto a las listas de espera —que la parlamentaria atribuye a la administración desde 2019— añade presión política sobre la gestión autonómica en materia sanitaria.
El planteamiento del PSOE exige que, si existe presupuesto para externalizar pruebas por 62,5 millones, se justifique por qué no se destina a incorporar radiólogos y técnicos en los hospitales de la provincia o a ampliar horarios de asistencia, medidas que podrían reducir la dependencia de servicios privados. La Junta aún no ha publicado una respuesta oficial a las críticas formuladas por la parlamentaria en el momento de esta publicación.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Importe adjudicado | 62,5 millones de € |
| Fecha de cese de publicación de listas | 2019 |
