La llegada de un grupo inversor a la propiedad de una empresa titular de dos centros concertados en Villalbilla (Comunidad de Madrid) ha generado un conflicto que trasciende el municipio: las familias afectadas denuncian un incremento de costes y un modificación de la jornada escolar que altera la organización familiar. El caso adquiere mayor calado porque uno de los colegios, El Viso, fue reabierto en 2022 por el gobierno regional y la operación se produjo sobre parcelas municipales.
Qué ha cambiado y por qué preocupa
Según las familias, la dirección del Colegio El Mirador ha decidido sustituir la jornada intensiva (salida entre las 14:30 y las 15:00) por la jornada partida (hasta las 17:00 con interrupción intermedia). Ese ajuste obliga a muchos progenitores a contratar servicios voluntarios que antes no eran necesarios.
- El servicio de comedor, que hasta ahora costaba 170 euros, sube a 218,75 euros mensuales.
- El servicio de ruta se sitúa entre 54,60 y 175 euros al mes, según las circunstancias.
- Las familias calculan que, de un curso a otro, el gasto por niño puede aumentar de forma significativa; el testimonio recogido habla de hasta 4.375 euros más para una familia con dos hijos en determinados escenarios.
Contexto de la operación
La compradora identificada es Corporación Financiera Azuaga, que se hizo con el control de Educrea entre finales de 2025 y principios de 2026. La adquisición abarca dos colegios en Villalbilla: El Mirador y El Viso. Fuentes consultadas señalan que la entrada de inversores en la red de concertados es una tendencia con presencia en la región: en septiembre una aseguradora adquirió la mayoría del capital de una empresa que controla ocho concertados en la Comunidad de Madrid por 200 millones. Para las familias, el peso simbólico es doble: El Viso fue reactivado por la Comunidad en 2022 como parte de una política de dedicar parcelas públicas a concertados, y la operación actual remueve esa decisión.
“Estoy indignada. Quieren enriquecerse a base de servicios que se sacan de la manga”,
Así lo resume uno de los testimonios recogidos entre las familias afectadas, que se sienten traicionadas por la modificación de la oferta educativa y de conciliación que les vendieron al matricular a sus hijos.
Consecuencias para la vida familiar y para el sistema
El cambio de jornada impacta en la conciliación: muchas familias habían ajustado sus horarios para comer con los hijos o para organizar actividades extraescolares. El traslado a una jornada partida eleva la dependencia de servicios de comedor y transporte y añade un coste directo a quienes asumen la titularidad de plazas en centros concertados sostenidos con fondos públicos y situados en suelo cedido por el Ayuntamiento.
Las quejas no solo aluden a los precios: las familias critican que la modificación de la jornada y la priorización de servicios de pago suponen una mercantilización de la educación en centros sostenidos con fondos públicos. En su percepción, la lógica de negocio se impone sobre la filosofía de proximidad y conciliación por la que optaron al elegir esos colegios.
Datos prácticos y pasos que están tomando las familias
Las familias han pedido rectificar el cambio de jornada y han mostrado su malestar públicamente. El conflicto plantea preguntas sobre la regulación de concertados, la protección de las condiciones ofertadas al matricular y el uso de suelo público para centros privados concertados.
| Concepto | Coste anterior | Coste anunciado |
|---|---|---|
| Comedor | 170 € | 218,75 € |
| Ruta | — | 54,60–175 € |
Ante situaciones similares, es habitual que las familias consulten al centro, al AMPA y a la administración educativa sobre las condiciones del concierto y los cambios organizativos. En este caso concreto, las familias han solicitado que se rectifique el cambio de jornada y han manifestado su rechazo al aumento de servicios obligatorios para conciliar.
El episodio en Villalbilla alimenta el debate nacional sobre el papel de los inversores en la educación concertada y la supervisión de centros que funcionan con financiación pública: ¿garantizan las administraciones que las ofertas educativas y las condiciones de acceso no se vean alteradas por decisiones económicas de los nuevos propietarios? La respuesta marcará la percepción de muchas familias sobre la confianza en un modelo que combina fondos públicos y gestión privada.
