Un vecino que recibe una explicación simple sobre una medida sanitaria, y otro que escucha la versión política que la justifica “porque hay que hacerlo”, representan en pequeño lo que explica un observador preocupado por el auge de la anticiencia en las instituciones. La tensión creciente entre quienes aplican el método científico y quienes proclaman verdades sin contraste técnico no es solo un problema intelectual: tiene efectos directos sobre leyes, regulación y salud pública.
La política que renuncia al criterio técnico
El diagnóstico apunta a una transformación en la cultura política: la promoción interna en muchos partidos premia la lealtad y el oportunismo por encima de la formación y la evaluación independiente. Esa lógica alimenta cuadros que, una vez en puestos de responsabilidad, consideran prescindible la consulta experta o la evidencia empírica. Como señala la reflexión recogida en el origen de este artículo, hay situaciones hoy impensables en las que decisiones sobre condiciones o usos de sustancias han terminado siendo resueltas por votaciones políticas más que por dictámenes científicos.
- Desprestigio del conocimiento especializado: se cuestionan o ignoran los informes técnicos que históricamente han guiado la acción pública.
- Ascenso por fidelidad partidaria: el mérito objetivo cede frente a la obediencia y la conformidad interna.
- Riesgo para políticas públicas: medidas clave pueden aprobarse sin base científica suficiente, con costes desconocidos.
El texto recoge además una petición cultural: recuperar materiales que ensalcen el pensamiento crítico y el esfuerzo riguroso como pilares del progreso. En ese sentido se propone que obras clásicas que fomentan el rigor intelectual vuelvan a situarse en la formación de las nuevas generaciones.
"Lo científico molesta porque confronta la verdad inventada, la ideológica, la de ‘es así porque yo lo digo’"
Consecuencias y retos
La degradación del vínculo entre expertos y decisores públicos provoca varios efectos previsibles. En primer lugar, erosiona la confianza ciudadana: cuando la ciudadanía percibe que las decisiones no descansan en criterios verificables, aumenta la sospecha y la polarización. En segundo lugar, reduce la capacidad del Estado para anticipar y gestionar crisis complejas que requieren conocimiento especializado. Y en tercer lugar, fomenta el fenómeno de la «verdad a la carta»: narrativas construidas para reforzar apoyos electorales por encima del interés general.
| Aspecto | Riesgo |
|---|---|
| Políticas sin informes técnicos | Decisiones con base insuficiente |
| Ascenso por pleitesía | Pérdida de liderazgo meritocrático |
| Desprecio por el método | Mayor polarización social |
El desafío es doble: por un lado, recuperar el prestigio social del conocimiento riguroso; por otro, integrar mecanismos institucionales que garanticen la consulta y la transparencia de los criterios técnicos en la legislación. Sin estas correcciones, advierten quienes reflexionan sobre el tema, el espacio público seguirá degradándose en favor de relatos simplificados —y a menudo interesados— que sustituyen la comprobación por la imposición retórica.
La cuestión no es menor: entra en juego la capacidad del país para afrontar problemas sanitarios, medioambientales y tecnológicos con respuestas que no dependan solo de la fuerza discursiva de quienes gobiernan, sino de la evidencia contrastada que protege a la sociedad en su conjunto.
