La Junta impugna el Real Decreto que asigna a Castilla y León 833 plazas para menores no acompañados
El Ejecutivo autonómico ha decidido presentar recurso contra el Real Decreto 556/2026, publicado el 30 de junio, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección para personas menores de edad extranjeras no acompañadas y que asigna a Castilla y León 833 plazas. El anuncio se produce después de que la comunidad ya tuviera impugnada la anterior resolución, de agosto de 2025, que había establecido 783 plazas.
La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, a instancias del vicepresidente Carlos Pollán, atribuye la impugnación a la “falta de proporcionalidad” y al uso de criterios que, en su opinión, son políticos y no responden a la capacidad real de acogida de cada territorio. Para la Junta, este modo de actuación complica la planificación de recursos y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de protección.
“La capacidad ordinaria del sistema vuelve a fijarse atendiendo a criterios políticos y no a la capacidad real de acogida de cada territorio, lo que dificulta una adecuada planificación de los recursos y compromete la sostenibilidad del sistema de protección”.
Desde la administración autonómica se subraya además que entre agosto de 2025 y mayo de 2026 la población de Castilla y León creció apenas un 0,72%, mientras que las plazas asignadas aumentan un 6,38% (de 783 a 833), una diferencia que, según la Junta, pone de manifiesto el desconocimiento de la realidad demográfica y de capacidad de atención en la comunidad.
- El recurso será presentado por los Servicios Jurídicos de la Junta en los próximos días.
- La decisión llega tras la impugnación previa del Real Decreto de agosto de 2025.
- La Junta reclama que el reparto atienda a criterios objetivos y a la capacidad real de las comunidades.
La impugnación judicial abre un periodo de incertidumbre sobre la distribución efectiva de plazas y la planificación de plazas y recursos en los servicios sociales que dependen de las diputaciones y ayuntamientos de la provincia de León. Si el recurso prospera, podría alterar la asignación prevista y obligar a reajustes en la gestión municipal y provincial; si es rechazado, la Junta tendrá que adaptar sus programas de acogida a la cifra de 833 plazas.
| Año | Plazas asignadas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 (RD 26/08/2025) | 783 | — |
| 2026 (RD 30/06/2026) | 833 | +6,38% |
Para los responsables locales en la provincia de León, la contienda jurídica trae consigo preguntas prácticas: cómo se organizarán las plazas de acogida si la resolución se mantiene, qué financiación adicional sería necesaria y cómo afectará a los centros y recursos ya existentes. La Junta reclama que los criterios de reparto respeten las competencias autonómicas y se basen en indicadores objetivos que permitan una programación ajustada a la realidad demográfica y de servicios.
El recurso anunciado por la Junta marca un nuevo capítulo en la discusión entre administraciones sobre la gestión de menores extranjeros no acompañados y sitúa de nuevo en el centro del debate la capacidad de las comunidades para planificar servicios sociales frente a decisiones estatales adoptadas, según la administración regional, de forma unilateral.
