La Audiencia pide concreción para evitar colapsos en lo civil y alarma por la ausencia de plazas penales
La aprobación por parte del Gobierno de un real decreto que crea 500 plazas judiciales en España, de las cuales 22 corresponden a la provincia de Málaga, ha despertado una mezcla de satisfacción y preocupación en la capital malagueña. La presidenta de la Audiencia de Málaga ha valorado positivamente el incremento de efectivos, pero ha instado a dar pasos adicionales para garantizar la fluidez de las salas, especialmente en materia civil, y ha mostrado su inquietud por la carencia de nuevas plazas en la jurisdicción penal.
Según la relación de puestos aprobada, dos de las plazas asignadas en la provincia se destinan al orden civil en la Audiencia de Málaga, lo que permitirá la creación de la Sección 10. Esas dos plazas se completarán con tres magistrados adscritos desde las secciones civiles existentes: la cuarta, la quinta y la sexta. Además, se prevén refuerzos civiles y especializados repartidos por la provincia.
- En Málaga capital: 7 plazas de civil, además de 1 plaza de Instrucción y 1 de Familia, Infancia y Capacidad.
- En Fuengirola: 2 plazas de civil; en Marbella y Torremolinos: 1 plaza civil en cada municipio.
- Antequera, Vélez-Málaga, Estepona y Torrox: 1 plaza de civil e instrucción en cada uno.
- También se incluyen 2 plazas de lo Social y 1 de lo Mercantil para la provincia.
| Ámbito | Plazas (mencionadas) |
|---|---|
| Total provincia | 22 |
| Plazas en la Audiencia (civil) | 2 (+3 magistrados por adscripción) |
| Málaga capital (civil / instrucción / familia) | 7 / 1 / 1 |
A pesar del avance, la presidenta de la Audiencia ha advertido que la distribución deja sin respuesta cuestiones relevantes. En sus declaraciones públicas reiteró que
"La Audiencia es la que ha salido peor parada"y lamentó que se "han olvidado" las salas penales, que no ven aumentadas sus plantillas en el decreto.
La preocupación radica en el riesgo de que lleguen a la Audiencia asuntos procedentes de primera instancia con retrasos acumulados, si no se refuerzan de forma paralela las secciones que reciben ese trasvase de casos. La creación de la Sección 10 civil busca atajar parte de esa acumulación, pero la presidenta considera necesario un enfoque más amplio y una valoración de la categoría de determinados puestos en municipios con una carga de trabajo creciente.
En concreto, se ha señalado la necesidad de dar estabilidad a la plantilla de jueces en localidades como Estepona mediante la elevación de puestos a la condición de magistrados y la separación de jurisdicciones, lo que, según la Presidencia, permitiría una atención más estable y adecuada al volumen de procedimientos que se tramitan en esos partidos judiciales.
Para los vecinos de la provincia la distribución de estas plazas implica, a corto y medio plazo, la posibilidad de reducir plazos en determinados órdenes jurisdiccionales —especialmente en lo civil y social— si las plazas se cubren con rapidez. Sin embargo, la ausencia de nuevas plazas penales plantea interrogantes sobre la capacidad para afrontar instrucción y juicios sin demoras, una cuestión que repercute en la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva.
Las reivindicaciones expresadas por la presidencia de la Audiencia plantean ahora una agenda clara para las administraciones: completar la dotación con criterios de jurisdicción y territorio, acelerar la convocatoria y cobertura de los puestos y estudiar la conversión de determinados puestos en magistraturas para estabilizar el servicio en zonas con mayor presión procesal.
