Málaga concentra un cuarto de las solicitudes andaluzas
Málaga se ha situado a la cabeza de Andalucía en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, con 39.899 solicitudes registradas. La cifra supone aproximadamente el 25% del total andaluz y la coloca entre las provincias españolas con mayor volumen de trámites durante una campaña que arrancó el 20 de abril y concluyó el 30 de junio.
En el cómputo nacional, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha contabilizado 1,17 millones de peticiones, más del doble de las estimadas inicialmente por el Ejecutivo. De ellas, casi 610.000 ya están tramitadas, el 52%, según el balance oficial presentado por la Secretaría de Estado de Migraciones. Las autonomías con mayor actividad han sido Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Un perfil marcado por la hostelería y la población joven
Los datos difundidos por el Ministerio dibujan un perfil claramente vinculado a la economía de servicios: la mayoría de las personas que han solicitado su regularización trabajan en hostelería, un sector clave para la Costa del Sol y para buena parte del empleo estacional en la provincia. Además, el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años y el 66% se expresa en español de forma nativa, lo que reduce las barreras idiomáticas y facilita la inserción laboral.
Por nacionalidades, el flujo principal procede de Colombia, Marruecos, Venezuela, Perú y Honduras, un patrón que también se observa en los trámites formalizados en Málaga. Durante las semanas de vigencia del proceso se registraron en la provincia largas colas para realizar gestiones, en paralelo al refuerzo de dispositivos municipales de atención.
Impacto en los servicios locales
El Ayuntamiento de Málaga ha emitido 2.633 informes de vulnerabilidad para personas extranjeras interesadas en la regularización, un requisito que en determinados supuestos acompaña la solicitud. Este esfuerzo administrativo se suma a la red de asesoramiento jurídico y social desplegada por entidades y oficinas públicas para canalizar la documentación en plazo.
La conclusión del proceso el 30 de junio no cierra, sin embargo, la carga de trabajo: con algo más de la mitad de los expedientes ya tramitados en el conjunto del país, queda un volumen relevante pendiente de resolución en los próximos meses. Para la provincia, la estabilización de vínculos laborales y el acceso a derechos y obligaciones asociados a la residencia legal tendrán efectos en la formalización del empleo, la cotización y el acceso a servicios y formación.
Andalucía: distribución provincial
En la comunidad andaluza se han registrado 161.557 solicitudes, el 13,8% del total nacional. Tras Málaga, destacan Sevilla y Almería. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también han anotado peticiones durante el mismo periodo.
| Provincia | Solicitudes |
|---|---|
| Málaga | 39.899 |
| Sevilla | 33.690 |
| Almería | 32.638 |
| Granada | 16.629 |
| Cádiz | 11.641 |
| Huelva | 10.359 |
| Córdoba | 9.951 |
| Jaén | 6.750 |
| Ceuta | 452 |
| Melilla | 743 |
| Total Andalucía | 161.557 |
Claves para la ciudadanía malagueña
El proceso, de carácter extraordinario y ya cerrado, deja varios elementos a tener en cuenta por parte de empresas, ayuntamientos y asociaciones en la provincia:
- Empleo y temporada alta: la hostelería, principal sector de los solicitantes, afronta el verano con expectativas de estabilización de plantillas a medida que avancen las resoluciones.
- Tramitación pendiente: con el 52% de expedientes ya gestionados a nivel estatal, se prevé que las decisiones administrativas restantes se dilaten durante los próximos meses, con efectos en contrataciones y regularización de relaciones laborales.
- Atención municipal: los 2.633 informes de vulnerabilidad emitidos en la capital reflejan la presión sobre servicios locales y la necesidad de coordinación con la Junta y el Estado.
Contexto nacional y próximos pasos
La Secretaría de Estado de Migraciones ha reconocido que el volumen final de solicitudes ha duplicado con creces la previsión inicial. El grueso de las peticiones se concentra en las grandes comunidades receptoras de población extranjera y en polos turísticos y urbanos, entre los que Málaga ocupa una posición destacada en Andalucía.
Concluido el plazo, el foco se traslada ahora a la resolución y a la integración efectiva de quienes resulten beneficiarios. En Málaga, donde la economía de servicios y el turismo tienen un peso estructural, la regularización puede traducirse en más contratos formales, mayor protección social y una mejora del encaje entre oferta y demanda laboral. A la vez, exigirá reforzar la coordinación interadministrativa para acompañar procesos de empadronamiento, homologación de cualificaciones y acceso a formación, aspectos que dependen de trámites posteriores pero que se activan con la regularización administrativa.
El proceso extraordinario se ha cerrado el 30 de junio y no admite nuevas altas. Las personas ya inscritas deberán atender a las notificaciones y requerimientos de la Administración para completar documentación o subsanar defectos, de acuerdo con los cauces formales establecidos por el Ministerio. Málaga, con casi 40.000 expedientes iniciados, afronta ahora la fase decisiva: traducir ese volumen en derechos y obligaciones efectivos que consoliden la aportación de estos trabajadores a la vida económica y social de la provincia.
