Contratación de 'goons' en el preludio electoral
Un fenómeno conocido y persistente en la política keniana ha vuelto a aflorar en el año previo a las elecciones: la contratación de jóvenes desempleados, descritos por la prensa como "goons" o matones, para alterar actos políticos y opositores. Un estudio del centro de investigación Odipo Dev en Nairobi y reportajes de agencias internacionales recogen testimonios directos que permiten trazar el mecanismo y el impacto social de esta práctica.
La táctica consiste en pagar pequeñas cantidades de dinero para reunir decenas o incluso centenas de personas que boicotean mítines, convierten manifestaciones pacíficas en enfrentamientos o atacan aperturas de infraestructuras promovidas por rivales políticos. Según la investigación citada, la retribución varía según el rango del contratante:
| Contratante | Pago en chelines | Equivalente en dólares (aprox.) |
|---|---|---|
| Dirigente local | 500 | 3,8 |
| Diputado | 1.000 | 7,73 |
Voces desde los barrios: precariedad y violencia
Los testimonios recogidos por la agencia muestran rostros concretos detrás del fenómeno. Marius, identificado con un seudónimo, entró en este trabajo a los 17 años y ahora, con 27, lo define como su ocupación. Su relato pone de manifiesto la conexión entre privación económica y reclutamiento: criado por una madre soltera en Korogocho, un asentamiento junto a un vertedero de Nairobi, abandonó pronto la escuela y encontró en esa actividad una fuente de ingresos.
"Soy un 'goon' y estoy orgulloso de decirlo"
El orgullo inicial contrasta con las consecuencias personales: Marius relata haber perdido cinco dientes en una pelea violenta financiada por un político que trató de sabotear la inauguración de un hospital de su adversario. Añade, además, que ya no ve a su hijo porque no quiere exponerlo a ese entorno. Otro entrevistado, Daniel, de 28 años, resume la trayectoria de muchos con una frase contundente: se convierte en 'goon' porque "no tiene elección".
Implicaciones institucionales y respuesta oficial
Las autoridades, según las fuentes, suelen mirar hacia otro lado: la actuación policial es descrita como pasiva en numerosos episodios. En los testimonios recabados todos los entrevistados señalan haber trabajado para el bando del presidente William Ruto, una acusación que el Gobierno ha negado. No obstante, la existencia del mercado de violencia política, los testimonios sobre pagos y las heridas físicas infligidas ilustran un problema estructural que afecta a la seguridad ciudadana y a la integridad del proceso democrático.
Las consecuencias son múltiples: erosión de la confianza en las instituciones, normalización de la violencia como herramienta política y aumento de la vulnerabilidad de jóvenes en situación de pobreza que se convierten en instrumentos desechables. El fenómeno plantea preguntas sobre la eficacia de la respuesta policial, los controles internos de los partidos y la necesidad de políticas públicas que atiendan la exclusión socioeconómica que alimenta este reclutamiento.
- Reclutamiento entre jóvenes desempleados por pagos de 500–1.000 chelines.
- Impacto físico y social en quienes participan: lesiones, ruptura familiar y estigmatización.
- Riesgo democrático: instrumentalización de la violencia en el ciclo electoral y respuesta policial cuestionada.
En un país donde las tensiones políticas han marcado episodios anteriores de violencia preelectoral, la persistencia de estas prácticas exige una respuesta que combine investigación independiente, rendición de cuentas y medidas de inclusión social que reduzcan la oferta de mano de obra dispuesta a acudir a estas convocatorias por una paga mínima.
