La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha calificado de “cacería política” la denuncia presentada por el Partido Popular contra el alcalde de Muras, Manuel Requeijo, por un supuesto delito de prevaricación continuada. La acusación del PP sostiene que el Concello abonó facturas por servicios jurídicos que superarían los límites de los contratos menores y alcanzan, según la denuncia, los 387.805 euros durante la última década.
Un conflicto con ramificaciones políticas
Pontón ha arropado públicamente al regidor chairego y ha situado la denuncia en un contexto más amplio de tensión política: reprocha al presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo (Rueda en la versión informada), y al PP una estrategia de desgaste contra quienes cuestionan a las grandes compañías eléctricas y defensores del entorno rural.
"Un ejemplo témolo na cacería política ordenada por Rueda contra o alcalde do BNG de Muras, simplemente porque lle planta cara ás eléctricas para defender os intereses dos veciños e das veciñas"
En sus declaraciones, Pontón ha insistido en que el BNG mantiene una postura de defensa de Galicia frente a lo que considera influencia de los lobbies energéticos y grandes industrias, y que esa voluntad de oposición es la que, según ella, motiva la actuación del PP. La dirigente nacionalista ha afirmado además que, pese a las actuaciones de los populares, el partido nacionalista no será silenciado.
Datos concretos y señalamientos
La denuncia presentada por la portavoz del PP, Eugenia Requeijo, apunta a pagos realizados por el Concello desde 2015 —coincidiendo con la llegada del BNG a la alcaldía— a dos despachos: Stellgus S.L. y Leseo Bufete Legal SCP. Según el PP, los importes abonados habrían vulnerado los límites legalmente establecidos para contratos menores.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Importe alegado | 387.805 euros (durante la última década) |
| Período señalado | Desde 2015 (coincidiendo con la llegada del BNG a la alcaldía) |
| Despachos implicados | Stellgus S.L. y Leseo Bufete Legal SCP |
Consecuencias políticas y contexto
Más allá de la posible vía judicial o administrativa que pueda derivarse de la denuncia, el episodio tiene implicaciones políticas: alimenta la narrativa de confrontación entre los partidos en Galicia sobre la política energética y la gestión del medio rural, y refuerza el discurso del BNG de que su acción municipal es un freno frente a proyectos eólicos o industriales que consideran nocivos.
- La denuncia del PP podría abrir investigaciones sobre la contratación municipal y el uso de contratos menores.
- Para el BNG, el caso refuerza su relato de persecución política por plantar cara a las eléctricas.
- En el plano electoral y mediático, la controversia puede intensificar el enfrentamiento entre formación nacionalista y conservadora en Galicia.
El litigio pone en primer plano la tensión entre gobernanza local y control político regional, y obliga a las instituciones a clarificar tanto la legalidad de las contrataciones como la naturaleza de las presiones empresariales sobre ayuntamientos con proyectos energéticos relevantes. El desarrollo de las diligencias y las posibles actuaciones de la Xunta y de los tribunales marcarán los siguientes pasos en este capítulo de la política gallega que ya ha traspasado el ámbito municipal.
