Desorganización docente por la crisis energética deja a escolares en riesgo
La reorganización del calendario escolar en la provincia cubana de Las Tunas durante el curso 2025-2026 —implementada por el déficit de combustible y la crisis energética— tuvo consecuencias visibles más allá del aula: niños y adolescentes salían a la calle en horarios que no eran los habituales, con el consiguiente aumento de inasistencia y la detección de casos en que menores cometieron delitos, según reconoció el director provincial de Educación, Nilser Piñeda, en declaraciones al periódico oficial 26.
La medida consistió en suprimir la tradicional doble sesión escolar y concentrar la docencia en una única franja horaria. Ese cambio, que las autoridades definieron como una "reorganización sin precedentes", adelantó la salida de estudiantes con respecto a los horarios en que solían permanecer en los centros educativos con servicios complementarios como la merienda o el almuerzo.
"El hecho de que hayamos trabajado en una sola sesión provocó que en horarios no acostumbrados los estudiantes estuvieran fuera de las escuelas. La familia no siempre tuvo las condiciones para ocuparse de ellos y muchos salieron a deambular".
Piñeda admitió además que la nueva organización obligó a analizar repetidamente las cifras de asistencia en los grupos de trabajo responsables de políticas sociales de la provincia. El propio director vinculó la situación con la necesidad de coordinar respuestas con el Ministerio del Interior (Minint) para abordar los episodios en los que se detectó la participación de menores en hechos delictivos.
Impactos y medidas coordinadas
Del reconocimiento público del responsable educativo se extraen tres consecuencias claras:
- Alteración de la rutina escolar, con salida de alumnos en franjas horarias no habituales.
- Aumento de la inasistencia, que obligó a un seguimiento reiterado por las autoridades educativas y sociales.
- Incremento de la exposición a riesgos, incluyendo la comisión de delitos por menores en algunos casos y la intervención conjunta con el Minint.
Estos efectos no surgieron en aislamiento: el país afronta apagones y problemas de suministro desde meses antes —señala el propio Piñeda— que ya habían obligado a flexibilizar horarios y normas de vestuario en otras provincias. En consecuencia, las autoridades educativas se vieron forzadas a priorizar arreglos logísticos que, en la práctica, redujeron el tiempo y los servicios que ofrecían los centros como espacios de protección y alimentación.
Qué implica para familias y políticas educativas
Para las familias, la concentración de la jornada implicó en muchos casos la falta de alternativas para el cuidado de los hijos en horarios distintos a los habituales del centro escolar. Desde el punto de vista de las políticas públicas, la experiencia plantea retos concretos:
| Problema | Consecuencia observada | Respuesta requerida |
|---|---|---|
| Eliminación de doble sesión | Salida anticipada y estancia en la calle | Coordinación educativa y social para supervisión |
| Déficit de combustible y apagones | Flexibilización de horarios y servicios | Priorizar servicios básicos (alimentación escolar) o alternativas |
| Aumento de inasistencia | Mayor riesgo de abandono y de conductas de riesgo | Seguimiento y programas de acompañamiento |
La experiencia de Las Tunas subraya que las interrupciones del servicio energético y las medidas de adaptación en educación tienen efectos directos sobre la protección infantil. La coordinación entre educación, servicios sociales y seguridad resultó necesaria para atender los casos en que menores terminaron implicados en delitos, según afirmó Piñeda.
Para padres y responsables de políticas, la lección principal es que los ajustes de calendario o jornada deben preverse con medidas complementarias: reforzar la supervisión después de la escuela, garantizar la continuidad de la alimentación escolar cuando sea un servicio crítico y mantener sistemas de detección temprana de absentismo que permitan activar apoyos educativos y sociales.
En contextos de crisis energética, las autoridades educativas y sociales deberán valorar no sólo la viabilidad operativa de cambios de horario, sino también su impacto en la seguridad y el bienestar infantil, y planificar alternativas que reduzcan la exposición de menores a situaciones de riesgo.
