Vox busca dictámenes autonómicos sobre el alcance competencial de la llamada "ley de nietos"
Vox ha solicitado a los servicios jurídicos de varios gobiernos autonómicos informes para valorar si la normativa conocida como ley de nietos, impulsada por el Ejecutivo central a través de la ley de memoria democrática, supone una invasión de competencias autonómicas. La petición, coordinada y comunicada por la formación, se ha efectuado en las comunidades en las que gobiernan representantes de Vox o donde el partido tendrá responsabilidad ejecutiva próximamente.
Según la comunicación difundida por el partido, las solicitudes han sido cursadas a los servicios jurídicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuyos vicepresidentes —Óscar Fernández, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán, respectivamente— han impulsado el encargo. En el caso de Andalucía, el informe será solicitado por Manuel Gavira una vez que tome posesión de su cargo de vicepresidente.
"Vox estudia e investiga cada vía a su alcance para frenar un mecanismo que engorda el censo con votantes que en muchos casos nunca han residido en España ni tienen vínculos con las provincias donde se les estaría censando"
La formación sostiene que la aplicación de la norma está facilitando una "incorporación masiva y fraudulenta de cientos de miles de personas extranjeras al censo electoral", un proceso que describe como "opaco y sin control" y que, a su juicio, puede comprometer la limpieza de procesos electorales, en particular las próximas elecciones generales. Ya anunció que mantendrá una ofensiva jurídica —incluido un recurso ante el Tribunal Constitucional— y administrativa en otras instancias, como Bruselas.
- Objetivo de los informes: analizar el "encaje jurídico" de la ley y determinar si invade competencias autonómicas.
- Ámbitos pedidos: servicios jurídicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y, próximamente, Andalucía.
- Acciones anunciadas por Vox: recursos ante el Tribunal Constitucional y actuaciones en distintos frentes, incluida la UE.
El encargo de dictámenes jurídicos por parte de gobiernos autonómicos responde a la necesidad de identificar posibles vías de impugnación o medidas administrativas que las comunidades pudieran adoptar si los informes concluyen que la norma afecta competencias regionales. El desarrollo de estos informes podrá derivar en recursos contencioso-administrativos, iniciativas en los tribunales o en la adopción de acuerdos autonómicos que reclamen competencias al Estado.
| Comunidad | Responsable que pide el informe |
|---|---|
| Extremadura | Óscar Fernández (vicepresidente) |
| Aragón | Alejandro Nolasco (vicepresidente) |
| Castilla y León | Carlos Pollán (vicepresidente) |
| Andalucía | Manuel Gavira (cuando tome posesión) |
Los resultados de esos informes marcarán los próximos pasos públicos y judiciales de Vox y de los gobiernos autonómicos implicados. En particular, serán relevantes para determinar si se interponen recursos ante el Tribunal Constitucional y para calibrar la capacidad de las comunidades para adoptar medidas defensivas de sus competencias sin esperar las decisiones de los tribunales.
El proceso también introduce un elemento de tensión política con el Gobierno central, que impulsó la inclusión de la disposición en la ley de memoria democrática. La disputa pone sobre la mesa no solo cuestiones técnicas de derecho administrativo y constitucional, sino también el debate sobre el alcance del censo electoral y la gestión de los registros del padrón, asuntos que estarán en el centro del debate público y jurídico en los próximos meses.
