La Xunta de Galicia ha reclamado con firmeza una reforma del esquema de gobernanza de la Política de Cohesión de la Unión Europea para el periodo post 2027 que otorgue un mayor protagonismo a las comunidades autónomas en el diseño y la gestión de actuaciones territoriales. La petición fue explicitada por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, durante una reunión con el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja y Crespo, en la que se puso sobre la mesa el balance de la experiencia acumulada con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Centralización y lecciones del Plan Nacional de Recuperación
El conselleiro defendió que la concentración de la toma de decisiones en los Estados miembros, tal y como ocurrió en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, debilitó la gestión compartida y redujo la participación de las comunidades en la definición de prioridades, lo que, a su juicio, ha supuesto además menor transparencia en la distribución de los recursos. Desde la Xunta se interpreta que esa dinámica puede repetirse si no se corrige la arquitectura de la Política de Cohesión.
"los gobiernos regionales, los más próximos al territorio, son los que mejor conocen las necesidades de sus respectivas regiones"
Con ese diagnóstico, Corgos abogó por avanzar hacia una mayor autonomía regional en la planificación, gestión y ejecución de los fondos comunitarios. La reivindicación combina una crítica al centralismo en la asignación de prioridades con una propuesta práctica: que las comunidades diseñen y gestionen acciones adaptadas a retos concretos de cada territorio.
Estrategia autonómica y competencia por fondos directos
Además de solicitar un mayor papel en la gestión de la cohesión, la Xunta planteó la necesidad de articular una estrategia gallega de posicionamiento europeo que permita a la Comunidad no solo recibir fondos, sino competir eficazmente por los recursos europeos del futuro, incluidos los de gestión directa. En este punto, el conselleiro defendió dos objetivos simultáneos:
- Incrementar la presencia y el peso de Galicia en los planes estatales que articulan políticas financiadas con fondos comunitarios.
- Mejorar la capacidad de captación de fondos de gestión directa por parte de la propia Administración autonómica y del tejido productivo gallego.
Sobre la ejecución elevada por la Xunta, el director de la Representación de la Comisión Europea en España trasladó a Corgos la satisfacción del tejido industrial gallego respecto a la gestión autonómica de los importes asignados. La administración gallega, por su parte, hizo énfasis en que los datos respaldan esa gestión.
Implicaciones para la gobernanza de los fondos en España
Las demandas de la Xunta reproducen un debate que trasciende a Galicia: la tensión entre centralización estatal y autonomía regional en la gobernanza de fondos europeos. Si otras comunidades con capacidad técnica y peso político replican estas reclamaciones, es probable que la negociación con el Gobierno central y con la Comisión Europea sobre la configuración de la próxima Política de Cohesión incluya:
- Propuestas para reforzar mecanismos de gestión compartida que integren a las comunidades en la toma de decisiones.
- Demandas de procedimientos que aumenten la transparencia en la asignación de recursos.
- Iniciativas para potenciar la participación de regiones en la captación de fondos de gestión directa.
| Aspecto | Posición de la Xunta |
|---|---|
| Planificación | Mayor protagonismo regional |
| Gestión | Incrementar capacidad de ejecución autonómica |
| Captación de fondos | Competir por fondos de gestión directa |
En términos políticos, la reivindicación podría complicar la interlocución entre el Ejecutivo central y las comunidades si no se abordan mecanismos de reparto de responsabilidades y de participación que satisfagan a administraciones con demandas divergentes. A escala europea, la discusión tendrá que encajar con las prioridades de la Comisión sobre eficacia, control financiero y distribución territorial del apoyo comunitario.
La postura gallega también pone en foco la dimensión productiva: el reconocimiento por parte de la Representación de la Comisión de la satisfacción del tejido industrial sugiere que la gestión autonómica no solo es una cuestión de principios institucionales, sino que tiene efectos tangibles sobre proyectos empresariales y de inversión.
El próximo ciclo de negociación de la Política de Cohesión y las conversaciones bilaterales entre comunidades y el Gobierno serán determinantes para configurar quién decide y quién ejecuta los recursos destinados a la transición ecológica, la digitalización y la cohesión social y territorial en España.
