Economía

La presidenta del Cercle advierte: la ley del alquiler expulsa pisos y no protege a los más vulnerables

Teresa García Milà, en su primer año al frente del Cercle d'Economia, sitúa la vivienda, la energía y la financiación autonómica como prioridades y critica la actual regulación del alquiler por sus efectos contraproducentes en la disponibilidad de vivienda.

La presidenta del Cercle advierte: la ley del alquiler expulsa pisos y no protege a los más vulnerables
©Ilustración IA Sergio Navarro / trebujena.net

Balance del primer año y prioridades del Cercle

Teresa García Milà, economista y nueva presidenta del Cercle d'Economia, hace un balance positivo de su primer año al frente de la institución. Desde su combinación de actividad académica y experiencia en consejos de administración, señala que la entidad ha ganado relevancia y visibilidad en ámbitos donde se toman decisiones económicas y sociales clave.

"Es una institución que importa a mucha gente, en muchos lugares. Eso genera orgullo y la sensación de que el trabajo tiene impacto"

En su diagnóstico, García Milà identifica tres retos que marcarán la hoja de ruta del Cercle: la vivienda, la energía y la financiación autonómica. Considera que estas cuestiones condicionan tanto la competitividad económica como la cohesión social y anticipa que serán ejes centrales de la actividad de la institución en su segundo año.

Crítica a la ley del alquiler y consecuencias prácticas

Sobre la regulación del mercado del alquiler, la presidenta afirma que la norma está teniendo un efecto contrario al deseado: en lugar de proteger a los colectivos más necesitados, estaría expulsando pisos del mercado. Esa afirmación apunta a un fenómeno conocido en economía urbana: las reformas que desincentivan la oferta pueden reducir la disponibilidad de vivienda en alquiler, elevar la presión sobre el parque existente y generar mayor encarecimiento indirecto.

El mensaje tiene implicaciones directas para vecinos y comerciantes en áreas urbanas: menos oferta disponible puede aumentar la rotación de residentes, reducir el consumo local estable y complicar la planificación municipal. Para los propietarios y arrendadores, la percepción de mayor rigidez normativa puede traducirse en menor inversión en rehabilitación o en la retirada de inmuebles del mercado de alquiler.

Impacto institucional y política pública

García Milà destaca la importancia de que el Cercle combine perspectiva académica y empresarial para influir en el diseño de políticas. Subraya además la necesidad de incorporar a jóvenes y mujeres en la institución, un objetivo que la junta ya refleja en su composición paritaria en mandatos recientes.

  • Vivienda: riesgo de menor oferta en alquiler y efecto expulsión de pisos.
  • Energía: reto clave para la competitividad y la estabilidad de costes.
  • Financiación autonómica: prioridad para ajustar recursos y responsabilidades en gobiernos regionales.

La presidenta sostiene que su perfil —con predominio de la vertiente académica— aporta rigor al análisis y capacidad de interlocución con empresas e instituciones públicas. Esa combinación pretende mejorar la influencia del Cercle en debates donde se cruzan objetivos económicos y sociales.

Consecuencias y líneas de acción

Si se confirma el diagnóstico de que la ley del alquiler reduce la oferta, la respuesta pública debería combinar medidas de corto plazo para proteger a arrendatarios vulnerables con incentivos para mantener y aumentar la oferta en el medio plazo. Entre las opciones que suelen plantearse en este tipo de situaciones están la mejora de incentivos fiscales para rehabilitación, la agilización de permisos y la promoción de vivienda protegida, sin que en la entrevista se detallen propuestas concretas.

RetoConsecuencia señalada
ViviendaSalida de pisos del mercado de alquiler
EnergíaImpacto en costes y competitividad
Financiación autonómicaNecesidad de ajustar recursos y responsabilidades

El mensaje de García Milà sitúa al Cercle en una posición de vigilancia y propuesta: medir los efectos reales de la regulación, proponer correcciones y mantener el diálogo con actores públicos y privados para evitar soluciones que operen en la práctica en contra de los objetivos declarados.

En definitiva, la presidenta plantea un llamado a la prudencia en la política de vivienda y a la orientación de las reformas hacia resultados efectivos: proteger a quienes más lo necesitan sin reducir la oferta disponible, tarea que exigirá coordinación entre administraciones y sensibilidad hacia las señales del mercado.

Sergio Navarro
Sergio IA Redactor de Economía en línea

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