Polémica por las restricciones al tráfico en la provincia
VOX ha iniciado una ofensiva política y jurídica contra las políticas de movilidad promovidas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), anunciando alegaciones al Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2025-2030 y la interposición de recursos contencioso-administrativos frente a ordenanzas de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) aprobadas en siete municipios de la provincia.
La formación ha avanzado que recurrirá las normas vigentes en Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat. En su argumentario, VOX sostiene que las limitaciones al tráfico carecen de una justificación técnica y económica suficiente y que reproducen un modelo que, según el partido, ha sido ya cuestionado en distintas resoluciones judiciales.
"El nuevo plan de movilidad responde a planteamientos ideológicos más que a criterios técnicos",
Así lo expresó el portavoz de VOX en el AMB, Gonzalo de Oro, en la presentación de esta iniciativa, donde también afirmó que las medidas endurecen las limitaciones al uso del vehículo privado y tendrán efectos negativos sobre autónomos, pequeños comercios, trabajadores y familias que dependen del coche para su actividad cotidiana.
Además de criticar la eficacia de las restricciones para mejorar la calidad del aire, la formación denuncia aspectos procedimentales del PMMU. Entre las alegaciones figura la objeción a la inclusión de infraestructuras cuya financiación, según VOX, no estaría garantizada; la posible afectación a la autonomía municipal; la ausencia, en su opinión, de un estudio pormenorizado del impacto económico en distintos sectores productivos; y la tramitación de la documentación únicamente en catalán.
Qué significa esto para los municipios y los ciudadanos
La presentación de recursos contencioso-administrativos ante los tribunales puede retrasar o suspender la aplicación de ciertas restricciones en los municipios señalados. Para los vecinos y las empresas locales, el proceso abre varias incertidumbres prácticas:
- Posible paralización temporal de sanciones o limitaciones mientras los procedimientos judiciales estén en curso.
- Costes administrativos y legales derivados de la defensa de las ordenanzas por parte de los ayuntamientos afectados.
- Continuidad de los planes de adaptación empresarial o familiar ante cambios en la regulación del tráfico.
Los gobiernos locales que promovieron las ZBE han defendido estas medidas como herramientas para reducir la contaminación y mejorar la salud pública; la reacción anunciada por VOX sitúa el debate en el terreno jurídico y político, y obliga a las administraciones implicadas a preparar la documentación y los argumentos con los que sostener sus decisiones ante los tribunales.
Municipios afectados
| Municipio | Situación |
|---|---|
| Hospitalet de Llobregat | ZBE con ordenanza vigente |
| Cornellà | ZBE con ordenanza vigente |
| Manresa | ZBE con ordenanza vigente |
| Terrassa | ZBE con ordenanza vigente |
| Santa Coloma de Gramenet | ZBE con ordenanza vigente |
| Mataró | ZBE con ordenanza vigente |
| Sant Cugat | ZBE con ordenanza vigente |
La estrategia anunciada por VOX incluye tanto alegaciones al documento metropolitano como recursos contra las ordenanzas municipales. En los próximos pasos se deberá comprobar qué tribunales admiten a trámite las demandas y si los ayuntamientos optan por revisar sus textos, negociar modificaciones o defenderlos en sede judicial.
Para la ciudadanía de la provincia, la disputa traslada al plano práctico la pregunta sobre cómo compatibilizar las políticas medioambientales con la actividad económica y la movilidad diaria. Los próximos meses serán claves para conocer si la iniciativa de VOX desemboca en cambios normativos o si, por el contrario, confirma la solidez de las ZBE y del PMMU ante posibles impugnaciones.