El Ejecutivo asturiano recupera herramientas de gestión tras cambios jurídicos
El Principado de Asturias ha formalizado este viernes en el Boletín Oficial del Principado la reforma del II Plan de Gestión del Lobo aprobado en 2015, una modificación destinada a proporcionar la cobertura jurídica que, según la Administración, permite retomar las autorizaciones para el control de la especie. La decisión llega después de que la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial quedara limitada a áreas al sur del Duero por la Ley 1/2025, con lo que las comunidades recuperaron competencias para regular la especie en el norte peninsular.
El ajuste responde también a la sentencia del Tribunal Supremo que dejó sin efecto algunos preceptos del programa de control vigente al estimar que la norma había perdido respaldo legal tras la protección estatal de 2021. Para evitar ese vacío normativo, el Principado incorpora ahora al plan regional un apartado que reproduce, en líneas generales, el texto del decreto de 2015 que regulaba las autorizaciones y los métodos de intervención.
El nuevo texto mantiene que el programa anual fijará los cupos de extracción teniendo en cuenta la evolución poblacional, los daños al ganado, la conflictividad social y la disponibilidad de presas silvestres. Asimismo, se conservan los procedimientos operativos que ya figuraban en la norma original.
- Métodos previstos: aguardos y recechos por la guardería autonómica;
- abatimientos durante cacerías autorizadas en reservas regionales;
- participación excepcional de cazadores cuando otras medidas no resulten eficaces;
- autorización de batidas en circunstancias determinadas;
- captura en vivo o retirada de camadas cuando la normativa lo permita.
| Aspecto | Situación |
|---|---|
| Base normativa previa | Decreto de 2015 |
| Cambio estatal relevante | Ley 1/2025 (listado por áreas) |
| Intervención judicial | Sentencia del Tribunal Supremo que anuló partes del programa |
La Administración justifica la reforma por los cambios legislativos desde 2021 y por la resolución del Tribunal Supremo que dejó sin efecto el programa de control anterior. Con la enmienda, el Principado pretende disponer de un marco jurídico que permita, a partir de septiembre según fuentes vinculadas a la tramitación, la reanudación de autorizaciones para el control de ejemplares cuando se estime necesario.
En paralelo a estas decisiones, el Defensor del Pueblo ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso relacionado con artículos de la ley del desperdicio alimentario que, en su momento, facilitaron la caza del lobo; ese recurso aún no ha sido resuelto, por lo que se abre una vía judicial que podría condicionar desarrollos futuros.
El anuncio reaparece en un contexto de tensión entre distintas sensibilidades locales: por un lado, sectores ganaderos y rurales que reclaman instrumentos para reducir daños y pérdidas; por otro, colectivos conservacionistas y científicos que advierten sobre la necesidad de priorizar medidas no letales y planificación basada en datos poblacionales firmes. Para los vecinos de las zonas rurales asturianas, las implicaciones prácticas se concretan en:
- posibles autorizaciones para abatimientos puntuales de ejemplares si se acreditan daños significativos;
- presencia continuada de la guardería autonómica como actor principal en los controles;
- potenciales medidas de cría o retirada de camadas reguladas por la legislación vigente.
La modificación del plan reabre el debate sobre la gestión del lobo en Asturias, un animal cuya presencia continúa generando conflictos socioeconómicos en áreas ganaderas y, al mismo tiempo, suscita exigencias de conservación. La tramitación y la aplicación de las medidas previstas serán, en las próximas semanas y meses, un indicador de cómo equilibran las instituciones la protección de la fauna silvestre y la protección de la actividad agroganadera en la provincia.
