La suma de los préstamos pendientes de las entidades locales de la provincia de Ciudad Real se ha reducido hasta situarse en 70,7 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, una cifra que marca mínimos históricos en la serie disponible y pone de manifiesto la persistente política de saneamiento financiero desarrollada por los ayuntamientos durante la última década.
En términos acumulados, los consistorios ciudadrealeños han amortizado casi 180 millones de euros en diez ejercicios, un esfuerzo que contrasta con los niveles de endeudamiento heredados de la crisis económica: en 2008 la deuda superaba los 522 millones a nivel provincial.
Una década de descensos y excepciones
Los datos oficiales revelan que, salvo un ligero repunte en 2023, los municipios encadenan 13 ejercicios de descenso en la deuda financiera. Sólo entre 2024 y 2025 la reducción fue de 16,9 millones de euros, equivalente a un descenso del 19,3%, al pasar de 87,6 a 70,7 millones.
El dato por habitante también refleja esa mejora estructural: mientras que en 2012 (uno de los años más duros tras el estallido inmobiliario) la deuda provincial se situaba en 574 euros por habitante, en la actualidad queda en 142 euros por habitante.
- 58 municipios cerraron 2025 con deuda cero.
- 34 municipios redujeron su deuda respecto a 2024.
- 10 municipios incrementaron su pasivo financiero en el último año.
Concentración del endeudamiento
Pese a la mejora global, la distribución del pasivo sigue concentrada en unos pocos municipios. Al cierre del ejercicio, Almadén ostentaba la deuda financiera más elevada de la provincia, con 13,7 millones de euros, casi un quinto del total provincial. Le siguen Valdepeñas (7,4 M€), Manzanares (6,1 M€) y Alcázar de San Juan (5,2 M€).
| Municipio | Deuda financiera (mill. €) |
|---|---|
| Almadén | 13,7 |
| Valdepeñas | 7,4 |
| Manzanares | 6,1 |
| Alcázar de San Juan | 5,2 |
Varios factores explican esta evolución: las restricciones y planes de ajuste de la pasada década, la aplicación de la denominada ley Montoro en su momento, y el aumento de las entregas a cuenta del Estado, que en 2026 alcanzaron un máximo histórico. En términos generales, las entidades locales de la provincia (incluida la Diputación) se repartirán 363,4 millones de los 29.247 millones asignados al conjunto del sistema de financiación local en 2026.
Para los vecinos, la reducción de la deuda supone mayor margen de maniobra para las administraciones municipales: facilita la posibilidad de destinar recursos a servicios, inversiones y mantenimiento sin cargas financieras tan pesadas, aunque el impacto concreto dependerá del grado de endeudamiento y de las prioridades presupuestarias de cada ayuntamiento.
La mejora contable es relevante, pero la distribución asimétrica del pasivo alerta sobre la necesidad de mantener políticas de disciplina financiera sostenibles, especialmente en aquellos municipios que todavía concentran la mayor parte de la deuda provincial.
