La Diputación centra la polémica en la ejecución del convenio de barrios rurales
La Diputación Provincial de Zaragoza ha elevado el tono contra el Ayuntamiento de la capital por el grado de cumplimiento del último convenio sobre inversión en barrios rurales. El diputado delegado del área, Miguel Sanz, acusa a los responsables municipales de haber ejecutado únicamente una tercera parte del compromiso económico y anuncia que reclamará formalmente los fondos pendientes.
Según la DPZ, el acuerdo recogía una inversión de 9 millones de euros destinada a nuevas obras en los núcleos rurales dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza. De esa cantidad, la institución provincial sostiene que solo se ejecutaron 3 millones, y que los 6 millones restantes deben ser reintegrados o justificados. De esos 6 millones, la Diputación afirma que 4 millones ni siquiera llegaron a transferirse al Consistorio por incumplimientos previos, y que los 2 millones restantes serán reclamados en la comisión de seguimiento que se convocará la próxima semana.
“Los hechos son los que son y llegado el momento los dejarán claros los tribunales si hace falta”
En sus declaraciones, Sanz criticó con dureza a los concejales señalados por la DPZ y defendió la convocatoria inminente de una comisión de seguimiento. Antes de esa reunión, la Diputación se reunirá con los alcaldes de los barrios rurales implicados para coordinar las demandas y las actuaciones pendientes.
El conflicto gira en torno a la interpretación y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio. Desde la DPZ se acusa al Ayuntamiento de actuar como si el convenio careciera de efectos jurídicos, una apreciación que la institución provincial considera que puede derivar en acciones administrativas o, si fuera necesario, en procedimientos ante los tribunales.
- Total comprometido: 9 millones de euros.
- Ejecutado por el Ayuntamiento: 3 millones de euros.
- Pendiente de devolver o justificar: 6 millones de euros (4 no transferidos; 2 que se reclamará próximamente).
El enfrentamiento público entre ambas administraciones pone sobre la mesa no solo la cuantía económica, sino la gestión y la transparencia en la ejecución de proyectos en localidades pequeñas, donde cada obra tiene un impacto directo en servicios y calidad de vida. Los alcaldes de los barrios rurales seguirán la evolución del conflicto, ya que de su resolución dependerá la financiación de inversiones que afectan a infraestructuras locales.
| Concepto | Cantidad (euros) |
|---|---|
| Compromiso total del convenio | 9.000.000 |
| Ejecutado por el Ayuntamiento | 3.000.000 |
| No ejecutado / pendiente | 6.000.000 |
| No transferidos | 4.000.000 |
| A reclamar en comisión | 2.000.000 |
Para los vecinos de la provincia, la discusión tendrá efectos tangibles: proyectos de mejora de vías, abastecimiento, alumbrado o instalaciones comunitarias incluidos en el convenio pueden quedar paralizados o sin financiación adicional hasta que se despeje la situación financiera y jurídica entre Ayuntamiento y Diputación. La convocatoria de la comisión de seguimiento la semana próxima y las reuniones con los alcaldes marcarán los pasos siguientes y, en su caso, establecerán el calendario de reclamaciones y posibles compensaciones.
La situación subraya la necesidad de claridad en la gestión de fondos entre administraciones y de mecanismos eficaces de control para garantizar que los compromisos con los núcleos rurales no queden en meras declaraciones públicas.
