Precisar el paisaje: qué propone el informe y por qué importa a los vecinos
Un estudio reciente de la Real Academia de Ingeniería plantea que en la provincia de Lleida es necesario actuar sobre 38.750 hectáreas de masa forestal para contener el avance de incendios cada vez más devastadores. La propuesta equivale a intervenir en aproximadamente el 5% de la superficie forestal provincial y ordena la intervención por zonas: 26.300 ha en el Pirineo, 9.300 ha en la plana y 5.300 ha en el Solsonès.
El documento se inserta en un contexto nacional donde la superficie quemada alcanzó más de 300.000 hectáreas en 2025, y alerta de un cambio de escala: aunque se registren menos incendios, los que se producen adquieren una capacidad de propagación y daños mucho mayor que en décadas anteriores.
| Zona | Hectáreas propuestas |
|---|---|
| Pirineo | 26.300 |
| Plana | 9.300 |
| Solsonès | 5.300 |
| Total provincia | 38.750 |
El informe propone priorizar la gestión del combustible —es decir, actuaciones preventivas en el monte— frente a una respuesta que se ha centrado tradicionalmente en la extinción una vez desatado el fuego. Según los autores, cada euro dedicado a esa gestión preventiva podría ahorrar casi cuatro euros en daños posteriores, lo que subraya un argumento económico además del ambiental y social.
Para los habitantes de zonas rurales de Lleida, las consecuencias son concretas: menos masa combustible acumulada implica menor riesgo para viviendas, infraestructuras y actividades agropecuarias próximas al monte. También sugiere cambios en el manejo forestal que afectarían a propietarios, ayuntamientos y gestores de montes públicos y privados.
"El abandono rural es uno de los factores principales en el aumento del riesgo de incendios"
La cita atribuida a Víctor Resco de Dios, profesor de la Universitat de Lleida, destaca en el informe como explicación de por qué la vegetación se acumula y facilita fuegos de gran intensidad. Además, el documento señala que los rayos son la principal causa de los grandes siniestros en el período analizado, y que los incendios actuales devoran hasta treinta veces más bosque que hace cuatro décadas.
El estudio abre un debate operativo y político sobre prioridades y recursos. Por un lado, exige inversiones y planificación territorial específicas para llevar a cabo la gestión del combustible en las áreas señaladas. Por otro, plantea que el modelo de respuesta —con gran despliegue de medios aéreos y de extinción— llega a límites de eficacia cuando el combustible no está previamente tratado.
- Impacto directo: reducción del riesgo para población y explotaciones rurales próximas al monte.
- Necesidad financiera: inversiones preventivas con retorno económico a medio plazo según el propio informe.
- Responsables locales: coordinación entre administraciones, propietarios y técnicos forestales para ejecutar tratamientos en las 38.750 ha señaladas.
Para la provincia de Lleida esto implica decisiones sobre qué técnicas aplicar (motosierras, cortafuegos, pastoreo gestionado, quemas controladas) y cómo compatibilizar dichas medidas con la conservación, el uso público y la actividad agraria. También exige programas de información a la población para que comprenda el papel de la prevención y las obligaciones de los propietarios colindantes a masas forestales.
En definitiva, el informe contrapone la limitación del modelo centrado en la extinción con la necesidad de una política activa de prevención que reduzca el combustible y, por ende, el tamaño y severidad de los fuegos. Para los municipios de Lleida, la propuesta plantea tanto una oportunidad de reducir el riesgo como el reto de coordinar recursos técnicos y económicos en un territorio marcado por el declive poblacional en algunos espacios rurales.
