Vox anuncia recursos contra las ZBE de siete municipios y alega contra el PMMU del Área Metropolitana

Vox recurrirá las ZBE y presenta alegaciones al plan de movilidad metropolitano

Vox ha anunciado que interpondrá recursos contencioso-administrativos contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de siete municipios de la provincia de Barcelona y presentará alegaciones al Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2025-30 del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Los municipios señalados son L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat del Vallès.

En la rueda de prensa en la que se hizo público el anuncio, el presidente de Vox en la provincia, Joan Garriga, cuestionó el fundamento técnico y socioeconómico de las ZBE y aseguró que existen resoluciones judiciales que han anulado restricciones similares en otros ámbitos. Según Garriga, esta política penaliza a quienes no pueden renovar sus vehículos y convierte las medidas medioambientales en un "peaje" para las familias con menos recursos.

"Las ZBE son un peaje clasista, un peaje social para los que menos tienen"

El partido propone, en cambio, medidas alternativas que, a su juicio, lograrían mejorar la calidad del aire sin discriminar por renta. Entre las soluciones planteadas figuran incentivar el mantenimiento de los vehículos, reforzar el transporte público y aplicar restricciones puntuales de circulación en días concretos.

Por otra parte, Vox también critica el PMMU 2025-30, que define como un instrumento que endurece las limitaciones al vehículo privado y perjudica al comercio local, autónomos y familias trabajadoras. Gonzalo de Oro, portavoz del partido en el AMB, sostuvo que el plan supone una "enmienda a la totalidad" del actual modelo de movilidad y que vulnera la autonomía municipal, además de apoyarse en previsiones de infraestructuras cuya financiación, según la formación, no estaría garantizada.

El anuncio del partido abre una vía judicial y administrativa que puede prolongarse en el tiempo y que tendrá efectos concretos en la discusión política sobre cómo conciliar la reducción de emisiones con la equidad social y la actividad económica local. Para los municipios afectados —algunos de los cuales integran el núcleo urbano metropolitano y otros son ciudades con trayectorias industriales y comerciales propias—, los recursos suponen un nuevo frente en el debate sobre movilidad sostenible y regulación del tráfico.

Impacto local: la posible suspensión o modificación de las ZBE, en caso de éxito de los recursos, tendría efectos directos sobre:

• Comercios y autónomos: cambios en acceso de clientes y reparto de mercancías.
• Vecinos con menor capacidad de renovación de vehículos: alivio económico si se suspenden restricciones, pero incertidumbre sobre la calidad del aire.
• Políticas municipales: tensiones entre ayuntamientos que promueven ZBE y gobiernos que las impugnan.

La tramitación de recursos contenciosos-administrativos y alegaciones al PMMU implica plazos procesales que pueden dilatar la resolución y, en consecuencia, mantener la incertidumbre para empresas, transportistas y residentes. Mientras tanto, el debate público seguirá centrado en cómo equilibrar los objetivos ambientales del AMB con las demandas de movilidad y accesibilidad de la población.

La pulseada entre quienes defienden restricciones para mejorar la calidad del aire y quienes las consideran discriminatorias continuará en los tribunales y en la arena política. En el Área Metropolitana de Barcelona, donde conviven diferentes necesidades urbanas y rurales, la resolución de este conflicto marcará las pautas de movilidad para los próximos años.