Denuncia sindical por una nueva agresión en el Centro Penitenciario Las Palmas I
Comisiones Obreras Canarias ha puesto en conocimiento público un incidente grave ocurrido en el Centro Penitenciario Las Palmas I (Salto del Negro), donde una funcionaria habría sufrido una agresión de carácter sexual por parte de un interno mientras se encontraba de servicio. Según el sindicato, el recluso —al que describen como con problemas de salud mental— agredió físicamente a la trabajadora y le realizó tocamientos en sus partes íntimas.
El episodio, que se suma a otros sucesos recientes en centros penitenciarios de las islas, ha motivado la alarma de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, que advierte de una situación de desprotección para el personal de prisiones en la provincia.
- El sindicato señala que el interno había protagonizado incidentes días antes, incluyendo conductas exhibicionistas en el patio central del módulo.
- CCOO afirma que no se adoptaron medidas preventivas eficaces pese a esos antecedentes, lo que habría permitido la escalada hasta la agresión.
- La organización reclama medidas urgentes y cuestiona la eficacia del actual Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones (PEAFA).
Para el sindicato, los hechos no son un hecho aislado sino la consecuencia de una falta estructural de medios, así como de personal sanitario y de mecanismos de protección adecuados. CCOO subraya que el PEAFA, en su opinión, no ofrece garantías suficientes y que no está plenamente vinculado a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, circunstancia que deja a las plantillas expuestas “sin herramientas preventivas suficientes ni respuestas adecuadas antes, durante y después de las agresiones”.
| Centro | Tipo de incidente | Descripción |
|---|---|---|
| Centro Penitenciario Las Palmas I (Salto del Negro) | Agresión sexual | Funcionaria agredida por un interno con problemas de salud mental; tocamientos mientras estaba de servicio |
El sindicato reclama, entre otras demandas, la adopción de medidas que permitan proteger de manera efectiva a los trabajadores penitenciarios: refuerzo de plantillas, mayor presencia y atención sanitaria dentro de los centros, protocolos preventivos vinculados a la normativa de riesgos laborales y actuaciones específicas cuando un interno ha mostrado conductas previas que denoten riesgo para la integridad de otros.
La denuncia plantea además preguntas de interés para los vecinos y trabajadoras de la provincia: cómo se evalúan y gestionan los riesgos dentro de los módulos, qué canales de denuncia y protección existen para el personal y qué seguimiento se hace a internos con problemas de salud mental que han mostrado conductas previas de exhibición o agresividad.
En las próximas horas se espera que las autoridades penitenciarias y la Delegación del Gobierno en Canarias se pronuncien sobre los hechos y las medidas a adoptar. Mientras tanto, la organización sindical ha avanzado que intensificará su presión para obtener respuestas y cambios que, según denuncia, son necesarios para garantizar la seguridad y la integridad física y psíquica de quienes trabajan en los centros penitenciarios de la provincia.
El suceso sitúa de nuevo en el foco un debate sobre recursos y protocolos en el sistema penitenciario canario, y obliga a las administraciones competentes a explicar qué mecanismos aplican para prevenir repeticiones de este tipo de agresiones y proteger tanto a empleados públicos como a la población reclusa.
