Conflicto institucional por fondos para barrios rurales
La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha anunciado que reclamará al Ayuntamiento de Zaragoza la devolución de 2 millones de euros que, según la institución provincial, fueron transferidos en el marco del convenio de barrios rurales 2021-2024 y no llegaron a ejecutarse en obras. La medida se complementará con la convocatoria de una comisión de seguimiento del convenio y una reunión previa con los alcaldes de los barrios rurales, prevista para el 14 de julio.
La DPZ sostiene que el municipio capitalino solo ha podido justificar obras por 3 millones de euros cuando, conforme al acuerdo, tenía comprometidas actuaciones nuevas por valor de 9 millones. Además, desde la Diputación recuerdan que ya suspendieron la transferencia de otros 4 millones por incumplimientos previos en el mismo convenio.
La discrepancia entre ambas administraciones se ha traslado al pleno y a la agenda pública: la Diputación responsabiliza al Consistorio de no ejecutar las obras comprometidas y de cancelar sucesivamente reuniones solicitadas para abordar el seguimiento. En relación con la ronda de contactos prevista, la DPZ ha señalado expresamente:
"El día 14 vamos a reunirnos con los alcaldes de los barrios rurales para después convocar la comisión de seguimiento del convenio de barrios rurales."
Desde la perspectiva de la Diputación, la pretensión es que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a reintegrar la cuantía que no se ha materializado en actuaciones, siguiendo el criterio que la institución aplica con el resto de municipios de la provincia: cuando no se ejecutan los proyectos por los que se transfirieron fondos, debe producirse la devolución.
Para los habitantes de los barrios rurales, este enfrentamiento institucional tiene consecuencias prácticas. Los fondos del convenio estaban destinados a obras locales que afectan a servicios y accesos en pedanías y barrios periurbanos; la falta de ejecución prolonga problemas de infraestructuras y retrasa mejoras demandadas por las corporaciones de los pequeños núcleos.
La tensión política entre DPZ y Ayuntamiento también abre la puerta a una negociación sobre futuros acuerdos. La Diputación ha afirmado su disposición a rubricar un nuevo convenio, pero bajo la condición de que el trato a la ciudad sea equivalente al que se aplica a los 292 municipios restantes de la provincia y de que exista un control riguroso del cumplimiento.
- Importe transferido y no ejecutado: 2.000.000 € (reclamados)
- Importe justificado por el Ayuntamiento: 3.000.000 €
- Importe comprometido inicialmente: 9.000.000 €
En los próximos días, la comisión de seguimiento será la instancia clave para definir plazos y requisitos de devolución o alternativas de ejecución. Los alcaldes de los barrios rurales tendrán un papel directo en las sesiones preparatorias y en la representación de las necesidades locales ante ambas administraciones.
Mientras tanto, la disputa política puede influir en la planificación estival de obras y en la disponibilidad de recursos para actuaciones inmediatas. Para los vecinos y ayuntamientos pedáneos, el desenlace determinará si las mejoras proyectadas para el periodo 2021-2024 se reactivan, se compensan o quedan aplazadas hasta una nueva negociación.
| Concepto | Euros |
|---|---|
| Comprometido (convenio) | 9.000.000 |
| Justificado por el Ayuntamiento | 3.000.000 |
| No ejecutado / reclamado | 2.000.000 |
| Transferencias suspendidas anteriormente | 4.000.000 |
La evolución del caso dependerá de las reuniones previstas y del resultado de la comisión de seguimiento. Para los responsables locales, la prioridad será encauzar los recursos hacia las obras pendientes y evitar que la disputa política prolongue el retraso en las mejoras que esperan los habitantes de los barrios rurales.
